La migración como espantajo para ganar votos

Cómo debe gestionarse la inmigración ha sido una de las cuestiones que protagoniza el debate político estatal este verano. Han ayudado a ello los graves disturbios registrados en la localidad murciana de Torre Pacheco después de que organizaciones de extrema derecha llamaran a la “caza de los magrebíes” tras la agresión sufrida por un vecino; la proclama lanzada por Vox de que si gobierna expulsará de España a ocho millones que se encuentran en situación irregular y el hecho de que el PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, asumiera casi sin ambages este posicionamiento del partido ultra; y por último, la polémica decisión del ayuntamiento de Jumilla (también en Murcia), donde gobierna el PP, de aprobar una iniciativa de Vox para prohibir que el colectivo musulmán pueda celebrar el fin del Ramadán y la fiesta del Cordero en espacios municipales. Cabe señalar que esta decisión ha sido censurada incluso por la Conferencia Episcopal (para incredulidad de Abascal, que ha llegado a decir que la postura de la Iglesia se debe a que está “amordazada” por los casos de pederastia). El miedo a los migrantes es precisamente uno de los pilares del ascenso de los partidos de ultraderecha en muchos países, empezando por EE.UU., donde Donald Trump ganó las elecciones prometiendo la deportación masiva de todos los que no estuvieran legalizados, atribuyéndoles todo tipo de delitos, anuncio que se está esforzando en llevar a la práctica. En Lleida, Catalunya y España también está calando el mensaje de que los extranjeros cometen la gran mayoría de delitos, cuando lo cierto es que los datos lo desmienten. En el conjunto del Estado hay ahora el doble de ciudadanos originarios de otros países que hace 20 años y, sin embargo, la tasa de delincuencia es más baja que entonces. Es verdad que hay migrantes que delinquen, pero no hay que culpar a todo el colectivo, sino que es necesario aplicar el Código Penal a quien lo vulnere. Otro dato que contradice estos discursos es el peso creciente de los extranjeros entre los afiliados a la Seguridad Social en la demarcación (el 25%), después de que su número se haya doblado en la última década. Está claro que este colectivo es esencial para el mercado de trabajo y para el mantenimiento del sistema de pensiones. ¿Es necesario regular en la medida de lo posible la afluencia de migrantes? Sí, sin que esto implique negar toda oportunidad a los que ya están aquí o a los que consiguen llegar, muchas veces jugándose la vida. Mientras, la polémica por el veto a actos musulmanes en Jumilla pone sobre la mesa el asunto de cómo debe abordarse la convivencia con colectivos que tienen tradiciones diferentes a las autóctonas. El camino no puede ser negar derechos fundamentales como la libertad religiosa, sino que pasa por velar para que se cumplan preceptos básicos para una convivencia pacífica y tolerante.