En España los jueces no hacen política

Los jueces han decidido llevar a juicio al fiscal general del Estado por la supuesta filtración de un correo a pesar de que no existe ninguna prueba de que eso haya ocurrido. Solo se ha podido acreditar que Álvaro García Ortiz es una de las decenas de personas que tuvieron acceso a ese correo antes de su filtración, pero aún así le han llevado al banquillo de los acusados. Le han imputado a pesar de que hasta media docena de periodistas han declarado en sede judicial que tuvieron conocimiento del correo antes de que la Fiscalía lo hiciera público. Le llevan a juicio después de ordenar en la instrucción actuaciones desproporcionadas como el registro de su despacho y el análisis de sus correos y whatsapps durante muchos años, unas medidas que suelen utilizarse en delitos muy graves como el narcotráfico o el terrorismo. Le han imputado a pesar de que cada día se producen decenas de filtraciones en sedes judiciales y policiales y ni siquiera se inician investigaciones penales. Le llevan a juicio considerando indiciario el borrado de whatsapps por parte del fiscal general, invirtiendo de una manera insólita la carga de la prueba y llegando a la sorprendente conclusión de que el borrado de unos mensajes significa que eran inculpatorios. Le sientan en el banquillo con un auto de apertura del juicio oral en el que afirman que no se puede ordenar su cese del cargo por “un vacío legal” cuando eso no es cierto: no pueden ordenar su cese en el cargo porque no está previsto en la ley: el argumento es absurdo como lo sería decir que no se le puede condenar a cadena perpetua por un vacío legal. Le sientan en el banquillo de los acusados a pesar de que las filtraciones en el Tribunal Supremo que le juzgará han sido constantes en los últimos años sin que en la inmensa mayoría de los casos se iniciara investigación penal alguna y en algunos los jueces se limitaran a decir que lo lamentaban (“lo siento de todo corazón”, dijo en concreto uno de ellos). Le han imputado a pesar de que en la propia causa incoada contra el fiscal general por un supuesto delito de revelación de secretos se han revelado un montón de secretos en forma de otras filtraciones que no han dado lugar a la apertura de ninguna investigación penal. Lo sientan en el banquillo a pesar de que el citado auto de apertura de juicio oral utiliza como otro de los argumentos que la actuación del fiscal general daña el prestigio de las instituciones, como si su no probada actuación delictiva ya se hubiera probado. Le llevan a juicio a pesar de que uno de los magistrados de la Sala que lo ha hecho emitió un voto particular en el que recordó algo tan elemental como que “la fase preliminar de investigación en el proceso penal sirve no solo para preparar el juicio oral, sino también para evitar la apertura de juicios innecesarios”.

Pero no. En España, los jueces no hacen política.