Una apuesta por la vivienda que debe cumplirse
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó como propuesta estrella en su primer debate de política general, en 2024, un plan para construir 50.000 viviendas públicas en Catalunya hasta el año 2030. Ahora, en el segundo, ha redoblado su apuesta reclamando un acuerdo de país para construir un total de 214.000 pisos en suelo urbanizable ya existente, de los que entre un 40% y un 50% serían de protección oficial y se destinarían a alquiler asequible. Además, ayer anunció que el Govern gestionará 13.000 de la Sareb, así como 300 solares de este ente semipúblico. También aseguró que 31.041 del primer plan ya están en trámite, que los ayuntamientos han facilitado 670 solares con potencial para 22.241 y que 14.398 de ellos ya cuentan con promotor. Añadió que también están en “producción” 4.000 viviendas por parte del Incasòl y otras 3.000 financiadas con fondos Next Generation, de las que la Agència de l’Habitatge ha comprado 1.800 a través del derecho de tanteo y retracto y que durante el próximo año “la mitad de los 50.000 pisos públicos estarán en producción”. Si realmente es así, es una buena noticia; el problema es que estamos acostumbrados a anuncios de proyectos que incluyen plazos que casi nunca se acaban cumpliendo. Por este motivo, el ritmo de ejecución de este plan se convertirá en la prueba del algodón para comprobar si su acción de gobierno es tan efectiva como proclama o no. Para conseguir que dentro de cinco años Catalunya disponga de ellos, será necesario que los trámites municipales y los que dependen de la Generalitat se agilicen al máximo. Y hará falta lo mismo para llevar adelante en un plazo no demasiado largo su nueva propuesta de impulsar otras 214.000 viviendas en suelo urbanizable, teniendo en cuenta que la tramitación de los planes parciales, de los posteriores proyectos de urbanización y la ejecución de las obras para dejar los terrenos a punto suelen prolongarse como mínimo entre cinco y diez años, y luego hay que construir los edificios. La dificultad de acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de los catalanes, principalmente de los jóvenes, por lo que construir inmuebles asequibles y de titularidad pública es una buena medida. No obstante, no basta con el ladrillo, sino que habría que impulsar la actividad productiva para lograr que los jóvenes y todas las personas en edad de trabajar tengan más opciones de encontrar empleos mejor remunerados. Al respecto, hay que apuntar que Lleida aún sigue esperando el polígono de Torreblanca. Y otra incógnita es hasta qué punto la Generalitat tendrá capacidad para desarrollar un parque público de pisos si no puede aprobar nuevos presupuestos. Porque mientras la economía siga creciendo, mantener las cuentas prorrogadas no es un gran obstáculo al haber suplementos generados por nuevos ingresos, pero si se ralentiza, esto no será viable.
