La declaración más importante de Illa

Un tercio de los alquileres de pisos en Lleida supera el salario mínimo interprofesional. Los jóvenes no se independizan hasta los 30 años. El síndrome del nido vacío convive con el síndrome del nido lleno. Son titulares de este diario de la semana pasada que revelan hasta qué punto la vivienda es la primera preocupación social. A ellos hay que añadir otro que, en nuestra opinión, constituye la declaración de más calado hasta ahora de Salvador Illa: la Generalitat estudiará si es viable prohibir la compra especulativa de vivienda en municipios tensionados (21 en Lleida). Sería una intervención en el mercado insólita, pero no necesariamente ilegal. Veámoslo. El artículo 47 de la Constitución dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, y precisa: “los poderes públicos promoverán las condiciones (...) para hacer efectivo este derecho”. Y el artículo 128 reza: “toda la riqueza del país (...) está subordinada al interés general”. Además, la ley de Urbanismo del Estado y la del Suelo catalana afirman como principio rector, curiosamente en los dos casos en su artículo 3, que el desarrollo urbanístico debe garantizar la cohesión social y evitar la dispersión territorial, y precisan que la función de ordenamiento de la ciudad es pública e indelegable. Cuando el comportamiento del mercado inmobiliario provoca que un segmento de la población quede excluido de la posibilidad de vivir en la ciudad que quiera, se está generando descohesión social y dispersión territorial. Eso es una infracción urbanística que la administración no es que pueda corregirla; es que debe hacerlo. Cuando hubo la crisis de 2008 los bancos decidieron no dar hipotecas si no se aportaba el 20% del importe. Eso imposibilitó la compra para muchas personas y el aumento de demanda de alquiler disparó los precios. El mercado ha impuesto la covivienda y la habitación residencial; la política debe evitarlas. En Ámsterdam lo intentan prohibiendo la compra de toda vivienda que no sea para vivir en ella. ¿Se puede hacer eso aquí en municipios tensionados? Legalmente parece que sí; políticamente se verá. Cuando en los años 50 se produjo la gran migración de los pueblos a las ciudades, se obligó a los terratenientes a contribuir en la urbanización de unos terrenos que pasaron a valer mucho más que un campo de patatas. Eso generó gran alarma, pero hoy se da por sentado que la comunidad debe participar de las plusvalías que genere la acción urbanística. La propuesta de Ámsterdam plantea un cambio mental en el que, en las distintas posibilidades financieras de los ciudadanos (bonos del Estado, acciones de empresas, planes de pensiones...), se excluye la compra especulativa de vivienda en zonas tensionadas para que el lucro de unos no sea a costa de un derecho fundamental de otros. Es un ejercicio de responsabilidad que la Generalitat analice esta posibilidad.