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El proyecto de modernización del Canal d’Urgell se encuentra en un brete después de que el “no” se haya impuesto con mucha claridad en las votaciones de colectividades de regantes celebradas hasta ahora. La última en rechazarlo ha sido la de Mollerussa, con un 85% de votos en contra. Se suma así a las de Els Alamús y Térmens, donde esta opción también ganó de forma rotunda, mientras que el “sí” únicamente ha salido vencedor por un estrecho margen en la de Les Borges, donde la participación fue muy baja. La propuesta inicial prevé que el coste de renovar la infraestructura básica será de 991 millones de euros, de los que los regantes deberían aportar unos 210 pagando 120 euros por hectárea durante 30 años. Por otro lado, los trabajos en las fincas, el denominado amueblamiento, están presupuestados en otros 400 millones. En este caso, los agricultores profesionales pueden optar a ayudas de entre el 40% y el 70% de la inversión que deban afrontar, mientras que los que no lo son no tienen acceso a ellas. El problema es que tres de cada cuatro propietarios de las parcelas no son profesionales. Se trata de payeses que ya se han jubilado o de personas que no tienen su actividad principal en el campo. Tras los primeros reveses, la comunidad de regantes pidió al Govern que amplíe las ayudas y ERC ha presentado una moción en este sentido en el Parlament. Una de las principales causas de que el proyecto haya llegado a este callejón de difícil salida es precisamente que el grueso de los titulares no están dispuestos a efectuar una gran inversión cuando la agricultura no es su principal fuente de ingresos o bien está a punto de dejar de serlo por motivos de edad. Ante esta coyuntura, será complicado que la modernización del canal salga adelante si la Generalitat no asume una mayor parte del presupuesto y generaliza las ayudas para las obras en las fincas. En un contexto de cambio climático, es necesario hacer más eficientes los riegos, aunque al final los principales beneficiarios no serán los pequeños y medianos payeses, en trámite de extinción.

La legislatura sigue encallada

Junts reafirmó ayer que sus relaciones con el PSOE siguen rotas a pesar de los gestos de Pedro Sánchez, primero reconociendo que ha incumplido acuerdos con este partido y después a través del Consejo de Ministros, aprobando medidas reclamadas por los de Puigdemont, como que la Generalitat vuelva a gestionar la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales. En política todo es relativo, pero será muy difícil recomponer esta relación y, si Sánchez lo consigue, entonces tendrá que cuadrar el círculo para tener al mismo tiempo el apoyo de Podemos.

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