Vaivenes que deterioran el sistema educativo
El departamento de Educación tiene previsto cambiar el currículum de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para implantar dos modalidades de matemáticas: una para los alumnos que quieran cursar después el Bachillerato científico o tecnológico y otra para los que quieran hacer el humanístico o social. Como por desgracia es habitual, la conselleria ha ultimado esta propuesta sin consultar previamente a los centros, que son los que deberán llevarla a la práctica. Tampoco lo hizo sobre el nuevo currículum de Bachillerato que fusiona las asignaturas de ciencias (física y química por un lado y biología y geología y ciencias ambientales por el otro) reduciendo su horario lectivo conjunto de doce a ocho horas semanales, plan que sigue adelante de cara al próximo curso a pesar del rechazo casi unánime que ha suscitado entre los docentes. Como hemos señalado, nada nuevo bajo el sol, porque cada vez que hay un cambio de color en el Govern de la Generalitat, o cuando el conseller es relevado por otro, aunque sea de su mismo partido, suele haber variaciones en la normativa educativa que únicamente sirven para que el nivel de nuestros alumnos vaya a peor, a tenor de los resultados del informe internacional de referencia, el PISA, y de las pruebas de competencias básicas de sexto de Primaria y cuarto de ESO. Dicho sea de paso, llama la atención que otra modificación que introducirá Educación este mismo curso será que estas pruebas de nivel dejarán de hacerse en todos los centros y solamente se llevarán a la práctica en unos setenta, que se escogerán “de forma aleatoria con criterios científicos”, según el departamento. La pregunta consiguiente es: ¿Qué ilustra mejor la realidad del sistema, una evaluación en la que participan todos los colegios e institutos u otra limitada a unos cuantos? Es necesario reiterar una vez más que resulta lamentable la incapacidad de los principales partidos políticos, tanto en Catalunya como en el conjunto del Estado, para consensuar un marco estable para la enseñanza a medio y largo plazo que evite estos continuos vaivenes. Además, este partidismo ha comportado otra consecuencia negativa en Catalunya, que es el cuestionamiento del catalán como lengua vehicular en la escuela, a través de recursos judiciales que han acabado con sentencias en los que los tribunales incluso se permiten el lujo de establecer el porcentaje de las clases que hay que impartir en catalán y castellano, como si los magistrados fueran especialistas en pedagogía además de en derecho. La última fue la del Tribunal Superior de Justicia que en septiembre anuló buena parte del régimen lingüístico educativo que blinda el catalán. Ahora, el Govern la ha recurrido ante el Tribunal Supremo, pero no hace falta ser adivinos para vaticinar que las posibilidades de éxito son más bien reducidas.
