Un ataque a la democracia
Ayer hablábamos de un ataque a la democracia a partir de la desprotección del periodismo; hoy hablaremos de otro a partir del secretismo de muchos procesos en la justicia penal. Partimos en los dos casos de la causa contra el exfiscal general del Estado, aunque hoy de forma colateral. Se investigó quién filtró un correo del abogado del novio de Ayuso en el que reconocía al fiscal que su cliente había cometido un fraude y proponía negociar una pena. Este ejemplo sirve para saber cómo se resuelven la mayoría de procesos penales en España. Más del 60%, según datos de la Fiscalía, se saldan con acuerdos entre abogados y fiscales en unas negociaciones de las que nada saben la sociedad ni el juez, quien por lo general se limita a ratificar el pacto, hasta el punto que ni siquiera motiva la sentencia porque la condena no es fruto de su voluntad. Todo eso no tiene nada que ver con lo que establece el artículo 120 de la Constitución, que dice que las actuaciones judiciales deben ser públicas salvo en excepciones previstas por la ley. Si la mayoría de condenas se deciden en negociaciones secretas, la sociedad no puede tener la certeza de que la justicia es igual para todos. Estos pactos funcionan en muchos países después de que lo que en Estados Unidos llaman plea guilty se extendiera por todo el mundo, y en Alemania llegaron en 2013 al Tribunal Constitucional, que estableció que algunos datos de estos pactos, como quién lo propone, qué hechos se consideran probados o qué plantea cada parte, deben ser conocidos por el resto de las partes, el juez y el público. Sin transparencia no hay forma de que la sociedad pueda mantener su confianza en la justicia, y eso vale también, por supuesto, para el periodismo o para el gobierno. Ayer empezábamos hablando de la causa del exfiscal general y acabábamos hablando de la destitución/restitución del comisario jefe de la Policía Nacional en Lleida. Hoy haremos lo mismo. Cuando SEGRE publicó que este comisario fue condenado por acoso sexual, Marlaska alegó desconocimiento, pero lo suyo pareció contumacia porque había ocurrido lo mismo en Zaragoza en 2018 siendo él ministro, y cuando comunicó su destitución en Lleida en realidad le dio, sin decirlo, otro cargo en Madrid. Pues eso. Secreta contumacia.
El virus no salió del IRTA
En los últimos años ha desaparecido mucha agricultura poco productiva de zonas de secano y se ha potenciado la intensiva, lo que quiere decir que hay mucho alimento en poco espacio. En estas condiciones es difícil controlar el exceso de jabalíes, pero no hacerlo conlleva riesgos enormes, algo que quedó más claro aún ayer al conocerse que el virus de la peste porcina no salió de un laboratorio del IRTA.
