Una reparación indispensable
La Iglesia española dio el jueves un paso inédito en la asunción de responsabilidades al aceptar indemnizar a las víctimas de pederastia por parte del clero. No lo ha hecho motu proprio, sino forzada por el Gobierno central, que llegó a amenazar con recurrir a la vía legal para obligarle a pagar compensaciones. El acuerdo firmado el jueves por el ministro de la Presidencia y Justicia, el presidente de la Conferencia Episcopal y el de la Conferencia Española de Religiosos establece que a partir de febrero los afectados podrán presentar las solicitudes de reparación ante una unidad de tramitación del ministerio, que las derivará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Después, cada propuesta será evaluada por la comisión de la Iglesia que se encarga de su propio plan de reparación a víctimas de abuso. Si no hay acuerdo en la valoración, intervendrá una comisión mixta en la que estarán representadas las asociaciones de afectados. Y si tampoco hay consenso, será el Defensor del Pueblo el que decida la cantidad. Es una buena noticia, a la espera de ver cómo se concreta la tramitación de estos resarcimientos y cuáles son los importes que acaba abonando la Conferencia Episcopal. En otros países europeos donde la Iglesia ya había asumido responsabilidades, las cantidades han ido desde una media de unos 6.000 euros en Bélgica a más de 60.000 en Irlanda. Este procedimiento también servirá para determinar mejor el número de personas, mayoritariamente niñas y niños, que sufrieron abusos sexuales a manos de sacerdotes y otros miembros del clero. Un informe del Defensor del Pueblo, en cuya elaboración participó el catedrático de Derecho leridano Josep Maria Tamarit, recopiló un total de 674 testimonios en el conjunto del Estado, de los que 15 eran de las diócesis de Lleida, Urgell y Solsona que habrían sido víctimas de seis sacerdotes entre 1960 y 2023. Sin embargo, la base de datos que puso en marcha el diario El País en 2018 las eleva hasta casi 3.000. Son cifras que dan idea de la gran magnitud del pecado cometido por la propia Iglesia.
Servicios sociales necesarios
Mañana está prevista otra protesta de vecinos de Balàfia que no quieren que el “hub” cívico previsto en el antiguo colegio incluya 25 plazas para acoger a personas sin hogar. Los de Pardinyes se manifestaron hace unos años contra otro albergue de mayores dimensiones, y los del Barri Antic se quejan de que su barrio concentra los equipamientos sociales. Pero la realidad es que hay personas que carecen de un techo y que son necesarios servicios para atenderlas, a menos que pensemos que hay seres humanos de segunda. Y los políticos deberían hacer pedagogía buscando consenso sobre este asunto.
