Aulas menos masificadas

El progresivo descenso del número de alumnos en Lleida ciudad, especialmente en Infantil y Primaria, ha reducido la ratio media por clase hasta los 21,5 estudiantes, casi dos menos que hace siete cursos. Este dato, lejos de ser anecdótico, debería situarse en el centro del debate educativo. Los docentes llevan tiempo reivindicando unas clases menos masificadas para revertir los malos resultados de indicadores como el informe PISA. Si bien la bajada de la ratio no responde a una planificación estructural, sino a una nueva realidad demográfica, se trata de una oportunidad que debería aprovecharse. En el último curso, Infantil y Primaria han perdido 288 alumnos, pero solo se han clausurado tres grupos. El resultado es una mejora objetiva de las condiciones de enseñanza, especialmente en la escuela pública, donde la ratio se sitúa en 20,78 alumnos por aula, frente a los 22,58 de la concertada. Esta diferencia vuelve a evidenciar una brecha que no es nueva, pero que sigue teniendo impacto directo en la equidad del sistema. El descenso es aún más significativo si se observa la evolución temporal. Desde el curso 2022-2023, cuando la ratio media era de 22,8, la cifra no ha dejado de caer. En paralelo, Educación ha ido ajustando a la baja la oferta de plazas, con grupos que el próximo curso arrancarán mayoritariamente con 17 alumnos. Una medida razonable desde el punto de vista pedagógico, pero que exige coherencia y continuidad para que no se convierta en un simple ajuste estadístico. Sin embargo, la situación cambia en Secundaria. La ESO sigue registrando ratios elevadas, cercanas o superiores a los 28 alumnos por aula, tanto en la pública como en la concertada. Aunque también aquí el alumnado disminuye –177 estudiantes menos y solo dos grupos cerrados–, el tamaño de las clases sigue siendo alto para una etapa especialmente compleja. Esta asimetría entre etapas plantea una pregunta incómoda: ¿por qué los beneficios de la bajada demográfica no se trasladan con la misma intensidad a la Secundaria? A todo ello se suma un factor clave en el caso de Lleida: la matrícula viva. Cada año, alrededor de 1.500 alumnos llegan fuera de plazo a los centros de la ciudad, con picos que superan ampliamente esa cifra. En el curso 2024-2025 fueron 1.845 incorporaciones, y en el actual ya se han escolarizado casi 600 alumnos solo durante el verano. Este flujo constante, ligado en buena parte a la movilidad migratoria, obliga a mantener margen en las aulas y refuerza la necesidad de recursos específicos, como las aulas de acogida. La revisión anunciada de estas aulas es imprescindible, pero insuficiente si no va acompañada de una reflexión más amplia. Convertir esta coyuntura en una política educativa estable dependerá de una decisión clara: priorizar la calidad educativa frente a una lógica meramente administrativa de contención de costes.