Partidismo por delante del interés general
El Congreso rechazó el miércoles el decreto de revalorización de las pensiones para este año con los votos del PP, Vox y Junts. Este último grupo, cuyos diputados son decisivos, y los populares pusieron el acento en que su posicionamiento estaba motivado porque el texto incluía la prórroga de la prohibición del desahucio de familias vulnerables. De hecho, también renovaba el bono social para la factura de la luz, había rebajas fiscales para los afectados por la dana y los grandes incendios del pasado verano y actualizaba las entregas a cuenta a las comunidades autónomas y las corporaciones locales, entre otras medidas. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, puso el acento en que oponerse al decreto era ir en contra de los jubilados y de las familias vulnerables, pero PP y Junts no dieron su brazo a torcer. La subida media prevista para las pensiones este año es del 2,7%, aunque el porcentaje aumenta hasta un 7% para las mínimas y a un 11,4% para las no contributivas. Este revés no tendrá consecuencias para este mes de enero, porque el pago con la consiguiente actualización ya está en marcha, pero obligará al Ejecutivo a actuar para evitar que sí afecte a las pensiones el próximo mes. No es una situación nueva, porque el año pasado sucedió lo mismo, y entonces el Consejo de Ministros aprobó un nuevo decreto cambiando parte del contenido que permitió su posterior validación en el Congreso. Que ahora se repita este escenario es otra muestra del deterioro de la vida política estatal. Las distintas formaciones priorizan el partidismo frente a una cuestión básica de interés general como es el sistema de pensiones. Lo que prima a la hora de negociar, en lugar de buscar puntos de encuentro, es intentar dejar en evidencia al adversario, y así es prácticamente imposible que se pueda construir nada, teniendo en cuenta la fragmentación del mapa político. Las causas de la desafección ciudadana hacia la política son muchas, pero esta es una de ellas.
Regularización de inmigrantes
La aprobación el martes por parte del Consejo de Ministros del inicio de los trámites para la regularización de unos 500.000 inmigrantes abrió otro frente entre el PSOE, que pactó esta iniciativa con Podemos, y el PP, que ya ha anunciado que la intentará frenar en la UE, alegando que es contraria al pacto europeo de inmigración. Como dimos cuenta hace unas semanas, las personas de origen extranjero son básicas en el mercado laboral en Lleida, hasta el punto que representan casi uno de cada cuatro afiliados a la Seguridad Social. Decir que los inmigrantes quitan puestos de trabajo o son los culpables del colapso de servicios públicos son mensajes demagógicos que no se corresponden con la realidad.
