Menos alquileres y más caros
La dificultad del acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de muchas familias y, especialmente, jóvenes. El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 hizo que la opción del alquiler pasara a ser la principal, cuando hasta entonces era muy secundaria. Las estadísticas de la Generalitat lo atestiguan. En 2006 y 2007, cuando los pisos nuevos se vendían como rosquillas con hipotecas financiadas al 100%, el número de contratos de arrendamiento firmados en toda la provincia de Lleida fue de 1.329 y 1.605, respectivamente. A raíz de la crisis, su volumen fue creciendo rápidamente hasta alcanzar un máximo de 7.259 en 2021. Este incremento fue posible porque muchos propietarios que tenían pisos vacíos vieron la oportunidad de rentabilizarlos poniéndolos en alquiler, ya que, como la demanda era alta, los precios habían subido notablemente con respecto a años anteriores. Sin embargo, desde entonces la tendencia ha sido divergente. El número de arrendamientos ha ido a la baja, ya que en 2024 hubo 6.514 y todo apunta a que todavía caerá más en 2025, porque la suma de los formalizados hasta septiembre, que es el último dato disponible, es de 4.555. Teniendo en cuenta que en cada uno de los trimestres se han firmado entre 1.430 y 1.580, todo hace prever que el ejercicio terminará con alrededor de 6.000. En cambio, la demanda se mantiene constante e incluso sigue yendo al alza. Esto explica por qué los precios alcanzaron récords históricos en Lleida ciudad, Cervera, Tremp y El Pont de Suert en el tercer trimestre de 2025, y que en varios más el importe medio de los firmados durante todo el ejercicio también sea récord, a pesar de que forman parte de la relación de municipios tensionados que están sujetos a topes máximos. Según los agentes inmobiliarios, esta circunstancia se debe a que las limitaciones introducidas en el mercado han hecho que numerosos propietarios hayan retirado viviendas del mercado. Al margen de si esto es o no así, queda clara la dificultad de casar la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario. La mejor alternativa, sin duda, es aumentar la disponibilidad de pisos de alquiler social o de protección oficial con nuevas promociones, que es la gran apuesta del actual gobierno de la Generalitat. El problema es el tiempo que se necesita para desarrollarlas.
La lentitud judicial
La Audiencia Provincial ha fijado para el próximo mes de septiembre el juicio para la primera pieza derivada del caso Boreas, en la que está imputado un exjefe de Carreteras de la Generalitat en Lleida. La vista comenzará casi 8 años después del registro policial de la diputación de Lleida. Algo falla cuando hay que esperar tanto.
