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Organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Estos son los tres presuntos delitos por los que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, que de esta manera se convierte en el primer expresidente español investigado por la justicia. El auto hecho público ayer le atribuye la condición de cerebro de una supuesta red corrupta que habría cobrado comisiones de casi dos millones de euros por influir en el rescate público de la compañía aérea hispanovenezolana Plus Ultra, a la que el Gobierno central inyectó 53 millones durante la pandemia. También refleja conversaciones entre diversos implicados sobre esta operación en las que utilizan expresiones como “nuestro pana Zapatero está detrás”, “Zapa es nuestro contacto”, o “mañana Zapatero interviene directamente”. De acuerdo con el escrito del juez, fue Julio Martínez, empresario amigo del expresidente, el que le habría abonado 1,5 millones, así como otros 400.000 a una firma participada por sus dos hijas, mediante varios pagos canalizados a través de un entramado societario. El auto apunta que se habría beneficiado de otras operaciones vinculadas con Venezuela en materia de petróleo, oro o divisas, aunque no aporta más datos. Horas después de que trascendiera su imputación el martes, Zapatero se defendió emitiendo un vídeo en el que afirmaba que siempre ha actuado “con absoluto respeto a la legalidad” y que no tuvo ningún tipo de intervención en el rescate de Plus Ultra. Es cierto que el auto del juez no incluye ninguna conversación o gestión en las que él intervenga en primera persona. Esto es precisamente lo que destacó ayer el Gobierno central: que en la resolución del magistrado no figura ninguna prueba documental que demuestre de forma fehaciente que hubo tráfico de influencias. Sin embargo, no puede obviarse que sí aporta indicios que a primera vista parecen mucho más que circunstanciales. Ayer decíamos que hasta hace poco más de una década lo normal era que cada año se aprobaran los presupuestos del Estado y de la Generalitat. Hoy cabe añadir que hasta entonces pocos discutían la acción judicial, aunque el magistrado de turno tuviera un determinado sesgo ideológico. Ahora esto ha cambiado, principalmente por la actuación de una parte de la cúpula judicial durante el proceso a los líderes del ‘procés’ y en otros posteriores como el del exFiscal General del Estado, donde todo un Tribunal Supremo se permitió condenarlo por una filtración afirmando que, si el autor no fue él, fue alguien de su entorno, algo que es inaudito. Por ello no resulta extraño que el PSOE recele de este procedimiento. En todo caso, al partido en general y a Pedro Sánchez en particular se les abre un nuevo frente tras los de Ábalos y Santos Cerdán, justo cuando Zapatero se había convertido en un referente de los socialistas.

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