La justicia socava la apuesta de Sánchez
Decíamos anteayer que la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y cobro de comisiones en el rescate público de la compañía aérea Plus Ultra amenazaba con agotar la probada capacidad de resiliencia de Pedro Sánchez. Dos días después, afronta una nueva tempestad judicial por la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede central del PSOE en Ferraz por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, en una actuación derivada de la investigación del caso Leire Díez, la supuesta fontanera del partido (del que se dio de baja cuando fue imputada). El magistrado ha imputado al exsecretario de Organización Santos Cerdán y a la gerente de la formación, Ana María Fuentes, como supuestos miembros de una trama que tenía como objetivo neutralizar casos judiciales que afectaban al Gobierno y al PSOE, para lo que, entre otras iniciativas, habrían ofrecido remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil o fiscales. El primero está imputado junto al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, el guardia civil Juan Sánchez Yepes y los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado. La segunda, como cómplice y como presunta autora del delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces. La reacción de Sánchez fue admitir la “gravedad” de esta investigación, ofrecer “total colaboración” con la justicia y, tras recordar que ya tomaron medidas cuando el caso Leire Díez salió a la luz pública, afirmó que “si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”. Una vez más, descartó adelantar las elecciones. El presidente del Gobierno cree que el tiempo juega a su favor, porque confía en que dentro de un año los ciudadanos estarán en condiciones de percibir lo que comportaría un Ejecutivo formado por PP y Vox a partir de la acción de sus gobiernos conjuntos en varias comunidades autónomas, lo que podría propiciar una movilización en favor de la izquierda. El talón de Aquiles de esta teoría es que la acumulación de causas judiciales desmotiva a este potencial electorado. Puede argumentarse que determinados jueces son más diligentes en procedimientos que afectan al PSOE que en los del PP, o que miran hacia otro lado cuando sale el nombre de “M. Rajoy” en los papeles de Bárcenas sobre la financiación ilegal de los populares. Sin embargo, todas estas causas no se habrían podido iniciar si el comportamiento de los que están implicados en ellas hubiera sido intachable.
