Cuando la realidad se impone
Esta medianoche se acaba el plazo para acogerse a la regularización extraordinaria de personas migradas. En Lleida, la previsión inicial apuntaba a unos 7.000 posibles beneficiarios. Sin embargo, la realidad se ha impuesto a las estimaciones y todo indica que la cifra se acercará a las 10.000 personas, un dato que merece una reflexión. La regularización ha hecho visible una realidad que ya existía, con miles de personas que vivían y trabajaban en las comarcas de Lleida sin poder acceder a una situación administrativa regular. La medida no ha provocado un “efecto llamada”, sino que ha sacado a la luz una bolsa de trabajadores invisibles que sostenían sectores esenciales de nuestra economía. Conviene recordar, además, que esta no es una decisión excepcional en la historia reciente de España. Desde 1986 se han llevado a cabo siete procesos extraordinarios de regularización, impulsados por gobiernos de distinto signo político. Los seis anteriores permitieron regularizar a cerca de 1,25 millones de personas. No hablamos, por tanto, de una innovación ideológica, sino de un instrumento que distintos ejecutivos han utilizado cuando la legislación dejaba de responder a la realidad social y económica. Las comarcas de Lleida son un buen ejemplo de esta realidad. En los dos últimos años el número de ciudadanos extracomunitarios empadronados en la demarcación aumentó en más de 10.000 personas. Una parte llegó por vías legales, pero miles no podían acogerse todavía a las fórmulas ordinarias de arraigo porque no habían cumplido el tiempo mínimo de residencia. Entre ellos se encontraban también solicitantes de protección internacional cuya situación administrativa quedó bloqueada tras los cambios normativos. La regularización ofrece una salida a ese limbo jurídico. Permite que quien ya reside, trabaja y contribuye a la sociedad pueda hacerlo dentro de la legalidad, cotizando, pagando impuestos y disfrutando de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. También protege a quienes cumplen la ley frente a la competencia desleal que supone la economía sumergida y dificulta la explotación laboral, una lacra que encuentra en la irregularidad administrativa su mejor caldo de cultivo.
Ninguna regularización resuelve por sí sola el fenómeno migratorio. Hace falta una política de integración, una administración más ágil, más medios para las oficinas de extranjería y una lucha decidida contra quienes se benefician del empleo irregular. Pero precisamente por eso esta medida constituye un buen punto de partida porque permite sustituir la invisibilidad por el control administrativo y la precariedad por la legalidad. Regularizar no es premiar la irregularidad, es fortalecer el Estado de derecho, proteger a los trabajadores, garantizar una competencia empresarial justa y reforzar la cohesión social.