Contra la impunidad
Diez días después de la paliza policial a un menor de edad que llevaba una estelada en Elche, lo más preocupante no es la paliza en sí, siendo esta gravísima; tampoco que uno de los agentes propinara un codazo en la cara al adolescente cuando este estaba reducido por tres policías, siendo esto gravísimo; tampoco que un agente, cuando lo llevaba detenido y esposado junto a otros dos policías, le propinara sin venir a cuento un puñetazo en la cara que le tumbó al suelo, siendo esto gravísimo; tampoco que el gobierno central no haya censurado la paliza a pesar de que las imágenes no admiten ninguna duda de la brutalidad de los agentes, siendo eso gravísimo; tampoco que la Policía Nacional se limitara a anunciar la apertura de una investigación interna en lugar de una sanción a los agentes ante la claridad de las imágenes, siendo esto gravísimo; lo más preocupante no es todo eso, sino la contundencia y la naturalidad con la que un sindicato policial ha defendido la paliza como si fuera una actuación profesional, lo que solo puede explicarse por la existencia de una sensación de impunidad que se deriva de la probabilidad, cercana a la certeza, de que siempre habrá algún juez en alguna instancia judicial que creerá la versión de los agentes, a pesar de que esta no se puede sostener con las imágenes, y les sacará las castañas del fuego. Esa impunidad comporta una gran pérdida de calidad democrática porque pone en riesgo derechos fundamentales. No estamos hablando de una consecuencia de la oleada ultra que invade el mundo desde hace un lustro; estamos hablando de una deriva que se remonta a diez años atrás, cuando se aprobó la llamada ley Mordaza. Esa norma la elaboró en 2015 el gobierno de Mariano Rajoy con la pretensión de parar movimientos disidentes como el del 15-M. Ese ejecutivo tenía la sensación de que perdería la mayoría absoluta, como así ocurrió, y antes de que eso pasara promovió una norma que confiere una discrecionalidad absurda a los agentes policiales. Les faculta para sancionar a quien a su juicio les falta al respeto o no les obedece con actitudes que no son constitutivas de delito. El agente que así lo considera lo comunica a otro policía que tramita la multa, que en la mayoría de los casos no es inferior a los 600 euros, y la autoridad administrativa impone la sanción. Si el afectado no está de acuerdo, tiene que acudir a la vía contencioso-administrativa, lenta y cara. Más de dos millones de ciudadanas y ciudadanos, un 4 por ciento de los habitantes del estado, han padecido estas sanciones. La norma la aprobó el PP de Mariano Rajoy, pero el pomposamente autoproclamado gobierno más progresista de la historia no ha reformado algunos de sus puntos más polémicos desde que hace 8 años accedió a la Moncloa vía moción de censura. La ciudadanía no merece unos atropellos de los que la paliza de Elche es un bochornoso ejemplo.