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La Fiscalía vuelve a poner el foco sobre un problema que Lleida no puede permitirse normalizar. Las organizaciones criminales dedicadas al cultivo de marihuana siguen encontrando en Ponent un territorio especialmente atractivo, hasta el punto de que el Ministerio Público vuelve a definirlo como su “invernadero particular”. Y los datos justifican la preocupación. En 2025 se abrieron en las comarcas leridanas 212 diligencias previas por tráfico de drogas, un 19,4% más que el año anterior, el mayor incremento de Catalunya. Las investigaciones por tenencia de armas sin licencia se triplicaron, hasta 14, mientras que se dictaron 76 condenas por delitos contra la salud pública. No son cifras anecdóticas: dibujan una evolución que merece una respuesta mucho más contundente, porque detrás de las plantaciones hay algo más que marihuana. La Fiscalía alerta de la llegada de organizaciones criminales internacionales, del aumento de los incidentes violentos y de las armas. Y también denuncia la explotación de personas extranjeras en situación irregular, reclutadas, según el Ministerio Público, “en régimen de verdadera esclavitud”. Es importante no confundir a las víctimas de estas redes con quienes las dirigen y se lucran con ellas.

La realidad policial confirma que hablamos de estructuras organizadas. En marzo de 2025, los Mossos d’Esquadra desmantelaron un grupo que operaba en Lleida y Tarragona y localizaron cerca de 4.200 plantas y un arma de fuego. No estamos, por tanto, ante pequeños cultivos clandestinos, como el que aparecía en la película Alcarràs, de Carla Simón, sino ante un negocio con logística, vigilancia, dinero y capacidad para incorporar pistolas. La propia Fiscalía añade un problema más, que no es otro que la lentitud de los procedimientos judiciales, lo que puede generar la sensación de impunidad. Esta es una cuestión que no debería quedar relegada a un segundo plano. La policía puede desmantelar plantaciones, pero si las organizaciones criminales perciben que la respuesta judicial llega demasiado tarde, el negocio seguirá siendo atractivo. Lleida tiene unas condiciones territoriales que pueden favorecer estas actividades, pero eso no significa que deba resignarse a convertirse en un territorio de implantación del narcotráfico. El 19,4% de incremento de las diligencias, el triple de investigaciones por armas y las advertencias reiteradas de la Fiscalía deberían bastar para que todas las administraciones consideren este fenómeno una prioridad. No se trata de esperar a que aumenten todavía más las armas, la violencia o la explotación para reaccionar. Se trata de impedir que el “invernadero particular” al que hace referencia la Fiscalía eche raíces, deje de ser una metáfora y acabe describiendo una especialización criminal que opera en nuestro territorio.

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