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La comparecencia en el Parlament del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para dar explicaciones sobre el fiasco de las pruebas PISA en Catalunya no aportó novedades significativas. Básicamente, repitió lo que ya dijo la consellera Esther Niubó poco antes del inicio del curso escolar. Así, reiteró que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de Catalunya, encargado de la organización, no trasladó a los centros que no podían excluir a más del 5% de los alumnos, y que tampoco consta que lo hiciera cuando el Instituto Nacional de Evaluación Educativa le advirtió varias veces de que se estaba superando este porcentaje. Afirmó que se trata de “errores graves e inaceptables”, pero exculpó a la cúpula del departamento, y en concreto a la consellera, destacando que los responsables políticos no tuvieron conocimiento de lo sucedido hasta febrero de 2026, casi un año después del periodo en que se llevaron a cabo las pruebas. Tampoco aclaró por qué el departamento no informó públicamente de los hechos hasta el pasado julio, y por qué no dio los detalles hasta un mes después. Illa aprovechó su segundo turno para explicar las líneas básicas que expondrá a los grupos parlamentarios que acudan a la reunión que ha convocado mañana para impulsar un pacto educativo en Catalunya: pocas medidas, recursos suficientes, plazos de cumplimiento concretos, rendición de cuentas anual y garantizar su aplicación durante al menos diez años. Habrá que ver cuál es la respuesta de la oposición y cuántos partidos acuden. De entrada, hay un problema, y es que ayer todos reclamaron el cese de Niubó, incluidos ERC y Comuns, que son los que posibilitaron la investidura de Illa y la aprobación de los presupuestos de este año. Por mucha confianza que el president tenga en ella, parece difícil que los distintos grupos se muestren muy predispuestos a trabajar por un acuerdo que tendrá que liderar una persona cuya actuación al frente del departamento consideran que es totalmente censurable.

En lo que se refiere a este pacto educativo, resulta lógico que el Govern empiece el trabajo para articularlo hablando con todas las formaciones políticas. Sin embargo, a partir de aquí sería hora de que la voz cantante la llevaran los representantes de los centros, que son los que conocen de primera mano la realidad de los alumnos. Por mucho consenso político que haya, aplicar un nuevo marco a espaldas de los docentes es la mejor manera de garantizar su fracaso. Por otra parte, es innegable que si se acaba aumentando al 6% el porcentaje del PIB que se destina a educación habrá más facilidades para aplicar medidas de mejora, pero políticos y profesores no deben obviar que hay algunas que no dependen de la financiación y que pueden adoptarse de forma inmediata.

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