TRÁMITES BUROCRACIA
Registro de parejas estables con 100 inscritos en Lleida
Las inscripciones pueden hacerse en la sede de Justicia.
Un centenar parejas leridanas se han inscrito en el recién creado registro de parejas estables de la Generalitat. Entró en funcionamiento el pasado 3 de abril y su función es equiparar los derechos de las parejas que llevan más de dos años de convivencia o que tienen algún hijo en común con los de los matrimonios. Así, una pareja inscrita en este registro tiene derecho, entre otras prestaciones sociales, a cobrar la pensión de viudedad o a solicitar uno de los miembros la tarjeta de residencia si es extranjero no comunitario.
Según los datos facilitados ayer por el departamento de Justicia, 87 parejas ya han sido inscritas en la demarcación de Lleida, a 3 se les ha denegado la solicitud y el resto, hasta 100, están pendientes de tramitación. Xavier Bernadí, director general de Derecho y Entidades Jurídicas, explicó que desde la creación del registro hace tres meses un total de 2.600 parejas se han inscrito en el conjunto de Catalunya. Bernadí hizo estas declaraciones en el marco de una jornada de formación que se celebró en Lleida dirigida a personal de los ayuntamientos y los consells comarcals.
Hay que presentar el libro de familia, un certificado de empadronamiento o un certificado notarial
Bernadí, junto con el director de los servicios territoriales de Justicia en Lleida, Jaume Monfort, explicaron que las parejas interesadas pueden inscribirse en el registro de forma presencial en cualquier oficina del departamento de Justicia y en los ayuntamientos que tengan convenio. Para ello deben presentar un certificado de empadronamiento, el libro de familia en el caso de que tengan hijos en común o un certificado notarial. También se puede hacer la inscripción de forma telemática en la web del departamento de Justicia.
La jornada de ayer también sirvió para presentar el registro de grupos de interés de la Generalitat, creado a través de la ley de Transparencia. Se trata de un registro de empresas, asociaciones, ONG’s, sindicatos, fundaciones, etc. que llevan a cabo actividades susceptibles de influir directa o indirectamente en la elaboración y aplicación de las políticas públicas.
