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LEGISLACIÓN INCLUSIÓN

Discapacitados muy capaces

Trabajadores y responsables de la fundación Ilersis.

Trabajadores y responsables de la fundación Ilersis.SEGRE

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El Gobierno dio ayer los primeros pasos para la reforma legal que elimina la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, cambiando el sistema legal actual por otro que prioriza el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas. “Una ley que nos permite ser más iguales”, subrayó el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley de reforma del Código Civil. El texto, que ahora será remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria, sustituye la incapacitación o modificación de la capacidad por el apoyo, término que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo. Igualmente, la modificación elimina del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, figuras que no responden al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad que se propone en el anteproyecto. En cuanto a las peticiones para el reconocimiento de discapacidad en las comarcas leridanas, los juzgados recibieron el año pasado un total de 219 demandas, lo que representa un 18% menos respecto al 2018. Concretamente, 157 casos fueron solicitados por la Fiscalía y 62, por particulares, ante los juzgados de familia.

Ayudas de inserción laboral para los beneficiarios de la Renta Garantizada

La Generalitat promoverá la inserción laboral de los beneficiarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) con una dotación de 8,3 millones de euros. Estas subvenciones, impulsadas por el departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, irán destinadas a entidades sin ánimo de lucro para el programa de medidas activas de inserción labora. Asegura que el objetivo del acuerdo es “incrementar el grado de empleabilidad de este colectivo de especial vulnerabilidad” que se encuentra en situaciones de pobreza, desigualdad, riesgo y exclusión social.

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