El testimonio de una leridana: «Hay bifobia invisibilizada»

El Gobierno central aprobó ayer, víspera del Día del Orgullo LGTBI, el proyecto de ‘ley trans’ y de Derechos de las personas LGTBI, una norma que causó disensos en el seno del Ejecutivo de coalición y que “por fin”, en palabras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, será enviada al Congreso para que inicie su tramitación parlamentaria. La ley sale de la Moncloa sin grandes cambios con respecto al anteproyecto aprobado hace justo un año, de forma que mantiene el derecho al cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicológico a partir de los 12 años y con determinadas condiciones desde los 16 de forma autónoma. En concreto, establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.

Así, la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio de sexo en el Registro: “Les reconoce el derecho a ser quienes son sin que medien testigos”, destalló ayer Montero. El Consejo General del Poder Judicial, en su informe, pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial. La ley que sitúa a España como una “referencia internacional” en defensa de las personas LGTBI, prevé un plazo máximo de cuatro meses para el proceso administrativo de cambio de sexo registral, prohíbe las terapias de conversión y garantiza a las lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar el acceso a las técnicas de reproducción asistida.

Además, permite que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas. Entre las mejoras introducidas con respecto al anteproyecto, destacan que las personas extranjeras que acrediten que no pueden realizar el cambio registral de sexo, y en su caso de nombre, en su país de origen, podrán solicitar la rectificación en los documentos que se les expidan en España. En el caso de los menores intersexuales, que presentan al nacer características físicas de ambos sexos, se prohíben las cirugías de modificación genital hasta los 12 años.

Promueve, además, medidas de sensibilización y formación especialmente indicadas a prevenir la violencia LGTBI-fóbica. El proyecto incluye un régimen de infracciones y sanciones por actos de discriminación, con multas que van desde los 200€ por insultos o pintadas, por ejemplo, a un máximo de 150.000€ por prohibir el acceso a un bar o a una piscina o no alquilar una vivienda a una persona del colectivo, ha señalado Montero. La ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación, la conocida como ley Zerolo, que se aprobará definitivamente el jueves en el Congreso, incluye un régimen de sanciones aún más duro, con multas de hasta 500.000 euros.

«Hay bifobia invisibilizada»

Gemma Subirà. Lleida. 33 años

“Llevé una vida heteronormativa hasta los 25 años, cuando fui consciente de que también me gustaban otras mujeres. Mientras intentaba descubrirme a mi misma, la gente de mi entorno empezó a etiquetarme como lesbiana, lo que al principio me generó cierta confusión e implicó que tuviera que hacer una segunda ‘salida del armario’. Me di cuenta de que me atraen hombres y mujeres, pues me fijo en la persona y no en su género.

Todavía existe una bifobia invisibilizada. En el ámbito profesional −soy maestra−, no siempre tienes libertad para decir a tus compañeros que estás saliendo con una mujer y muchas veces te tienes que escudar en la palabra ‘pareja’. Implicarme en el activismo LGTBIQ+ ha hecho que tenga una mayor conexión con la realidad y esté más alerta.

A día de hoy considero que mostrarme al mundo tal y como soy, sin importar lo que piensen de mí, cogiendo de la mano a mi novia y mostrándole mi cariño, es el acto más reivindicativo que puedo llevar a cabo. La ignorancia es uno de los mayores enemigos de la tolerancia”.

Casi 50 incidentes LTBIfóbicos en la provincia el año pasado

Un 16,9% de las 284 incidencias LGTBIfóbicas que fueron comunicadas el año pasado al Observatori contra l’Homofòbia se produjeron en las comarcas leridanas.

La cifra se desprende del informe presentado ayer por esta institución y sitúa Lleida como la provincia con menos de estas denuncias, por detrás de Girona (17,6%). Por lo que respecta al tipo de agresión, el Observatori explicó que la mayoría son verbales y físicas, que la ‘gayfobia’ representa un 58% del total de incidencias, y también alertaron del crecimiento de agresiones contra el colectivo trans. Insistieron en que la LGTBIfobia es estructural y aseguraron que necesitarán “más recursos”. En lo que va de año, han registrado 125 incidencias en Catalunya.