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El riesgo de pobreza entre la población trabajadora en Cataluña

En Cataluña, en 2022, el 11% de la población trabajadora se encontraba en riesgo de pobreza.Unsplash

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El riesgo de pobreza entre la población trabajadora en Cataluña ha sido objeto de atención por parte del Gobierno, que ha presentado el Plan Piloto de la Renta Básica Universal (RBU) como una respuesta innovadora a un sistema de bienestar considerado insuficiente para reducir la pobreza. Sergi Raventós, jefe de la Oficina de este proyecto, destacó en la presentación del mismo en Lleida ante entidades del ámbito económico, social, del tercer sector y representantes locales de las comarcas de Ponent, que la RBU es una herramienta incluida en la Agenda Rural de Cataluña para dinamizar la actividad económica y promover la arraigada población en áreas rurales.

Raventós señaló que el trabajo asalariado no siempre protege de la pobreza. En Cataluña, en 2022, el 11% de la población trabajadora se encontraba en riesgo de pobreza. A pesar de los programas de rentas mínimas, el actual sistema de protección social ha demostrado ser poco eficaz para evitar la precariedad en las condiciones de vida.

Por su parte, Montse Bergés, delegada del Gobierno en Lleida, mencionó que la pobreza se cronifica e intensifica alrededor del 20% después de las transferencias, con especial incidencia en la población extranjera, personas con bajo nivel educativo y hogares con menores.

La RBU es una asignación monetaria otorgada de manera individual, periódica, universal e incondicional, con el objetivo de garantizar el derecho a la existencia, promover la libertad real de las personas para decidir sobre sus vidas y redistribuir la riqueza para revertir la desigualdad, la pobreza y la exclusión social.

El plan piloto de aplicación de la RBU prevé que durante dos años los participantes reciban un pago mensual de 800 euros por adulto y 300 euros por menor de 18 años, libres de impuestos. Unas 5.000 personas recibirían esta renta básica universal: 2.500 serían seleccionadas aleatoriamente entre todos los hogares de Cataluña y las otras 2.500 corresponderían a la población de dos municipios específicos. La financiación de la RBU contempla el mantenimiento de los servicios públicos del estado del bienestar, la reforma del IRPF (con un tipo nominal único del 44%) y un impuesto a las grandes fortunas.

A pesar de la aprobación de una enmienda que suprimió la base jurídica del Plan Piloto, el Gobierno continúa apostando por la RBU como una medida clave de transformación social y ha encargado a la Oficina continuar con las tareas de difusión y comunicación de la propuesta de la renta básica y del Plan Piloto, estando listo para una nueva oportunidad política.

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