Consumo obligará a las empresas de apps a avisar 15 días antes de renovar suscripciones automáticamente

El Ministerio de Consumo prepara una nueva normativa que obligará a las empresas de aplicaciones móviles e informáticas a notificar a los usuarios con 15 días de antelación sobre las renovaciones automáticas de sus suscripciones. Esta iniciativa, impulsada por el equipo del ministro Pablo Bustinduy, tiene como objetivo principal evitar que los consumidores se encuentren con cargos inesperados en sus tarjetas bancarias por servicios que habían olvidado cancelar o que desconocían que se renovarían automáticamente.

La medida exigirá que las compañías tecnológicas informen claramente a los usuarios sobre la fecha exacta de vencimiento del contrato y les expliquen detalladamente las consecuencias de no comunicar a tiempo la cancelación de la renovación. El Ministerio considera fundamental garantizar que los consumidores sean plenamente conscientes de las suscripciones que mantienen activas, eliminando así la práctica habitual de cargos por sorpresa que ha generado numerosas reclamaciones en los últimos años.

Esta normativa supondrá un cambio significativo en la forma en que operan muchas plataformas digitales en España, que hasta ahora podían renovar automáticamente las suscripciones sin necesidad de avisar con tanta antelación a los usuarios. La medida refuerza los derechos de los consumidores digitales y establece un marco más transparente para las relaciones comerciales en el entorno online.

Cómo funcionarán los avisos obligatorios de renovación

La nueva regulación establecerá un protocolo claro para las notificaciones de renovación automática. Las empresas deberán enviar un mensaje específico a los usuarios 15 días antes de la fecha de renovación, utilizando el mismo canal por el que se contrató inicialmente el servicio o, en su defecto, a través del correo electrónico u otro medio que garantice que el consumidor reciba efectivamente la información.

El aviso deberá incluir, como mínimo, tres elementos fundamentales: la fecha exacta en que se producirá la renovación, el importe que se cobrará y un procedimiento sencillo para cancelar la suscripción si el usuario así lo desea. Esta información deberá presentarse de manera clara y comprensible, evitando tecnicismos innecesarios o letras pequeñas que puedan confundir al consumidor.

Las empresas también deberán mantener un registro de estas comunicaciones, pudiendo ser requeridas por las autoridades de consumo para demostrar que han cumplido con la obligación de informar adecuadamente a sus clientes. El incumplimiento de esta normativa podría acarrear sanciones económicas significativas para las compañías infractoras.

Problemática actual de las suscripciones automáticas

El problema de las renovaciones automáticas no avisadas se ha convertido en una queja recurrente entre los consumidores españoles. Según datos de las asociaciones de consumidores, miles de usuarios se encuentran cada año con cargos inesperados en sus cuentas bancarias por servicios que creían haber cancelado o que ni siquiera recordaban haber contratado. Esta situación genera frustración y desconfianza hacia las empresas digitales.

Muchas aplicaciones y servicios online utilizan un modelo de negocio basado en la suscripción con periodo de prueba gratuito, que posteriormente se convierte en de pago si el usuario no cancela expresamente. Sin embargo, los procedimientos para darse de baja suelen ser mucho más complejos que los de alta, y frecuentemente la información sobre cómo cancelar no se presenta de manera clara.

La falta de transparencia en estos procesos ha motivado numerosas reclamaciones ante las oficinas de consumo, que ven en esta nueva normativa una respuesta necesaria a un problema que afecta especialmente a los consumidores menos familiarizados con el entorno digital, como personas mayores o aquellas con menor alfabetización tecnológica.

Comparativa con normativas europeas similares

La iniciativa del Ministerio de Consumo español se alinea con las tendencias regulatorias en otros países europeos, donde ya existen normativas similares para proteger a los consumidores digitales. Alemania, por ejemplo, implementó en 2022 una regulación que obliga a las empresas a informar con claridad sobre las renovaciones automáticas y facilitar los procesos de cancelación.

Francia, por su parte, cuenta desde 2020 con una ley que exige un doble consentimiento para las renovaciones de suscripciones de servicios online, obligando a las empresas a recabar una confirmación expresa del usuario antes de proceder a la renovación automática de cualquier servicio cuyo coste anual supere los 200€.

La Comisión Europea también ha mostrado interés en armonizar estas normativas a nivel comunitario dentro del marco de la Agenda Digital Europea, reconociendo que las prácticas abusivas en materia de suscripciones digitales constituyen un problema transfronterizo que requiere soluciones coordinadas.

¿Qué ocurre si las empresas incumplen la nueva normativa?

El régimen sancionador para las empresas que no cumplan con la obligación de informar a los usuarios sobre las renovaciones automáticas está aún pendiente de definición completa, pero desde el Ministerio de Consumo adelantan que se establecerán multas proporcionales al volumen de negocio de las compañías infractoras y a la gravedad del incumplimiento.

Las sanciones podrían oscilar entre los 10.000€ para infracciones leves hasta los 100.000€ o más para casos graves o muy graves, especialmente cuando afecten a un número elevado de consumidores o cuando se demuestre una intencionalidad clara de ocultar información relevante.

Además de las sanciones económicas, las autoridades de consumo podrían imponer otras medidas correctivas, como la obligación de devolver los importes cobrados indebidamente a los usuarios afectados o la publicación de la sanción en medios de comunicación, con el consiguiente daño reputacional para la empresa.

¿Cuándo entrará en vigor esta medida?

Aunque el Ministerio de Consumo no ha anunciado aún una fecha concreta para la entrada en vigor de esta normativa, fuentes cercanas al proceso indican que podría implementarse durante el primer semestre de 2024, tras un periodo de consulta pública y otro de adaptación para las empresas afectadas.

El proceso legislativo incluirá probablemente una fase de consulta a los diferentes actores implicados, incluyendo asociaciones de consumidores, representantes del sector tecnológico y expertos en derecho digital, con el fin de ajustar los detalles técnicos de la normativa y garantizar su efectividad sin imponer cargas administrativas excesivas a las empresas.

Una vez aprobada, se espera que la normativa conceda un periodo transitorio de adaptación de entre tres y seis meses, durante el cual las empresas deberán modificar sus sistemas y procesos para cumplir con los nuevos requisitos de información y transparencia en materia de renovaciones automáticas.