Aviso de la Seguridad Social: estos son los límites de tiempo para las bajas laborales
La institución endurece los criterios de incapacidad temporal ante el aumento del 78,5% en el gasto, que ya alcanza los 15.000 millones de euros
Empleados en una oficina.
La Seguridad Social ha implementado recientemente un nuevo marco regulatorio sobre incapacidades temporales que define con mayor precisión el tiempo máximo que los trabajadores pueden permanecer de baja laboral en España. Esta medida se produce como respuesta directa al notable incremento del gasto público destinado a cubrir estas prestaciones, tanto por enfermedad común como por accidente laboral, que está generando una importante presión sobre el sistema.
Según revela el informe oficial publicado por el Banco de España el pasado 20 de mayo de 2025, el desembolso por bajas laborales ha crecido un 78,5% desde 2019, alcanzando la significativa cifra de 15.000 millones de euros. Este monto representa actualmente el 1% del PIB nacional, situando a España entre los países de la Unión Europea con mayor inversión en esta partida, junto a Países Bajos, Alemania y Suecia.
Los datos de absentismo laboral también resultan preocupantes. Un estudio elaborado por Randstad a principios de este 2025 reveló que más de 1,4 millones de personas faltaron diariamente a su puesto de trabajo durante 2024. Lo más alarmante es que uno de cada cinco trabajadores lo hacía sin contar con una incapacidad temporal oficialmente reconocida, lo que ha motivado a la administración a tomar cartas en el asunto.
Las nuevas medidas sobre incapacidades temporales
Ante este panorama, la Seguridad Social ha decidido aprobar una serie de modificaciones orientadas a establecer criterios más exhaustivos para la concesión de bajas laborales. Estas nuevas directrices buscan garantizar que las incapacidades temporales se ajusten realmente a situaciones que impidan el desarrollo normal de la actividad laboral, evitando así posibles abusos del sistema.
El objetivo principal de estas medidas es conseguir un equilibrio entre la protección necesaria para los trabajadores que realmente no pueden desempeñar sus funciones por motivos de salud y la sostenibilidad económica del sistema de prestaciones por incapacidad temporal, que actualmente supone una carga considerable para la economía española.
