Hacienda vigilará los pagos con tarjeta que superen esta cantidad a partir de enero de 2026

A partir del próximo 1 de enero de 2026, la Agencia Tributaria reforzará su control sobre los pagos con tarjeta que realicen los ciudadanos cuando estos superen los 25.000 euros anuales. Según ha confirmado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), las entidades bancarias tendrán la obligación de comunicar a Hacienda todos los movimientos efectuados con tarjetas por particulares cuyo importe total exceda dicha cantidad a lo largo del año. Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del fisco para combatir la economía sumergida y mejorar la supervisión de ingresos y gastos no declarados.

La normativa actual ya obliga a comunicar los cobros con tarjeta principalmente a profesionales y empresas cuando estos superan los 3.000 euros anuales. Sin embargo, el nuevo sistema de control ampliará su alcance significativamente a partir de 2026. Todos los cobros realizados mediante tarjeta, tanto en establecimientos físicos como en plataformas online, así como las transacciones a través de Bizum y otros medios de pago móviles, deberán ser notificados independientemente de su cuantía cuando procedan de actividades económicas. Para los particulares, el límite se establece en 25.000 euros al año (aproximadamente 2.083 euros mensuales) sumando operaciones con cualquier tipo de tarjeta, ya sea de crédito, débito, prepago o virtual.

Los datos que las instituciones financieras deberán proporcionar incluyen la identificación del titular y posibles autorizados, el número de la tarjeta, las cuentas vinculadas y el volumen total de abonos y cargos, además del detalle de pagos efectuados en comercios. Un cambio significativo es que esta información se transmitirá mensualmente a Hacienda, en lugar de anualmente como venía siendo habitual hasta ahora, lo que permitirá un seguimiento más actualizado de los movimientos financieros.

Objetivos de la nueva medida fiscal

El propósito fundamental de esta nueva obligación es dotar a la Agencia Tributaria de una visión más completa y actualizada sobre los movimientos económicos de los contribuyentes. Esta supervisión facilitará la detección de posibles irregularidades fiscales mediante el cruce de datos entre los patrones de consumo y las declaraciones presentadas. En términos prácticos, cualquier ciudadano que supere el umbral de 25.000 euros en pagos con tarjeta durante un año natural podría ser objeto de una revisión más detallada por parte de Hacienda.

Impacto diferenciado entre particulares y profesionales

Para los autónomos y empresas, el impacto será considerablemente mayor, ya que se eliminan por completo los umbrales mínimos para la comunicación de operaciones con tarjeta. Esto significa que cualquier pago, independientemente de su importe, deberá ser informado a la Agencia Tributaria, aumentando así la trazabilidad de todas las transacciones comerciales. En el caso de los consumidores particulares, solo quienes mantengan un nivel de gasto elevado con tarjetas entrarían dentro del radar fiscal. Por su parte, las operaciones en efectivo continuarán bajo el régimen actual, que obliga a los bancos a informar de aquellas que superen los 3.000 euros.