Vaper y alcohol: el Gobierno prepara normativas para restringir su consumo y blindar la sanidad pública

El año 2026 se perfila como un período decisivo para la sanidad española, con el Gobierno impulsando una serie de iniciativas legislativas que buscan una profunda transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estas propuestas, algunas ya en trámite parlamentario y otras a punto de iniciar su recorrido, abarcan desde la recuperación de la universalidad sanitaria hasta nuevas y estrictas restricciones para el consumo de tabaco, vaper y alcohol, especialmente entre la población más joven.

Entre los pilares de esta ambiciosa agenda se encuentra la restitución de la universalidad del SNS, un derecho fundamental que sufrió recortes en 2012. Asimismo, se trabaja en una normativa para proteger la gestión pública de los servicios sanitarios, buscando frenar la privatización, una preocupación que se acentuó tras el reciente escándalo del Hospital de Torrejón en Madrid, evidenciando las carencias de los modelos de gestión concertada.

La prevención del consumo de sustancias nocivas también ocupa un lugar central, con leyes específicas diseñadas para reducir drásticamente el uso de tabaco y alcohol, particularmente entre los adolescentes. A esto se suma una reorientación de la política farmacéutica, orientada a mejorar el acceso a medicamentos esenciales y disminuir la dependencia de mercados externos.

Recuperación de la universalidad sanitaria

La Comisión de Sanidad del Congreso está debatiendo, con carácter de urgencia y plena competencia legislativa, la ley de universalidad que fue presentada en la Cámara en mayo de 2024. Desde su llegada, el proyecto ha experimentado 57 ampliaciones del plazo de enmiendas, lo que subraya la complejidad del proceso parlamentario. El propósito fundamental de esta legislación es restablecer el derecho a la asistencia sanitaria para todos los migrantes que residan en España, sin importar su estatus administrativo. 

Además, busca asegurar la cobertura para los españoles que viven en el extranjero y para los extranjeros que se unan por reagrupación familiar, grupos que quedaron desamparados tras las reformas de 2012. En paralelo, el Ministerio finalizó en octubre de 2024 la consulta pública de un real decreto destinado a suprimir las barreras administrativas que aún obstaculizan el acceso al sistema sanitario para ciertos colectivos, especialmente la población migrante. Esta iniciativa responde a las reiteradas denuncias de organizaciones sociales sobre las trabas burocráticas que impiden el acceso efectivo a la salud.

Blindaje de la gestión pública del SNS

El proyecto de ley de equidad y cohesión del SNS, aprobado por el Gobierno en junio de 2024, se halla actualmente en fase de enmiendas, acumulando cerca de 60 prórrogas en su plazo. Esta legislación aspira a salvaguardar la gestión pública de los servicios sanitarios frente a la privatización y a erradicar los copagos aún vigentes en ciertas prestaciones. Entre los copagos que se eliminarían figuran los del transporte sanitario no urgente y los productos ortoprotésicos, lo que supondría un alivio significativo para personas mayores y pacientes crónicos con necesidades de desplazamiento habituales. En una etapa más preliminar, se encuentra la ley de gestión pública y de integridad del SNS, con la cual el Ministerio busca restringir de forma contundente el alcance de los conciertos sanitarios. Esta normativa persigue la derogación de la Ley 15/1997, que en su día facilitó la entrada de grandes grupos privados en la administración de centros públicos. El Ejecutivo tiene previsto presentar este proyecto al Consejo de Ministros en enero de 2026, una decisión acelerada por el escándalo del Hospital de Torrejón.

Ofensiva contra el tabaco y los vapeadores

La modificación de la ley antitabaco vigente superó su primera lectura en septiembre de 2024 y, en este 2025, se encuentra recabando los informes obligatorios de entidades como el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Si se aprueba, esta legislación equiparará los vapeadores al tabaco tradicional en todos sus aspectos, imponiendo las mismas limitaciones en publicidad, venta y consumo. 

Esta acción responde al preocupante aumento del uso de cigarrillos electrónicos entre los adolescentes, un fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos años. La ley expandirá notablemente los espacios libres de humo en España, abarcando terrazas de hostelería, paradas de transporte público, recintos universitarios, playas, zonas de juego infantiles y entradas a edificios públicos. Esta ampliación de las áreas sin humo tiene como objetivo primordial proteger a menores y no fumadores de la exposición al humo ambiental.

Restricciones al consumo de alcohol

Desde marzo de 2024, la Comisión de Sanidad está debatiendo una ley enfocada en contener el consumo de alcohol entre menores, aunque sin la celeridad de otras propuestas. La iniciativa del Ministerio trasciende la ya existente prohibición de venta, para vetar directamente el consumo de alcohol por parte de los menores. 

La normativa impedirá beber en espacios frecuentados principalmente por niños y jóvenes, tales como parques, instalaciones deportivas o áreas de esparcimiento. Asimismo, prohibirá la publicidad y el patrocinio de bebidas alcohólicas en la vía pública a menos de 150 metros de centros educativos, sanitarios, sociosanitarios, parques o lugares de ocio infantil.

Revolución en la política farmacéutica

En diciembre de 2024, el Ministerio puso en marcha la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, que promueve la inversión en I+D, garantiza la autonomía estratégica para eludir dependencias externas y fomenta el uso de medicamentos genéricos y biosimilares. La piedra angular de esta política es la nueva ley del medicamento, que optimizará el acceso a través de un sistema actualizado de fijación de precios, el impulso a genéricos y biosimilares, y medidas novedosas como la prescripción por enfermeros y fisioterapeutas, la receta por principio activo o la sustitución farmacéutica en las farmacias. Simultáneamente, el Ministerio está ultimando el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que acortará a menos de 180 días el periodo entre la aprobación europea de un fármaco y la decisión de España sobre su precio y financiación pública. Esta iniciativa busca agilizar el acceso de pacientes a terapias innovadoras, sobre todo en casos de enfermedades graves.

Reforma del estatuto marco y conflicto médico

La revisión del estatuto marco progresa, superando desencuentros previos con los sindicatos del sector. En este 2025, tanto el Ministerio como las principales organizaciones sindicales prevén un acuerdo inminente que modernizará las condiciones laborales del personal sanitario. No obstante, los sindicatos médicos se mantienen al margen, anticipando un inicio de 2026 con movilizaciones para exigir una regulación específica para su profesión, al estimar que sus particularidades no están adecuadamente contempladas en el estatuto general. 

Entre los proyectos ya aprobados y pendientes de implementación se encuentra la Agencia Española de Salud Pública (Aesap), que actualmente está seleccionando su sede. Este organismo se encargará de centralizar la vigilancia epidemiológica y la prevención, así como la respuesta ante emergencias sanitarias, aplicando las valiosas lecciones extraídas de la pandemia de COVID-19.