«Las plataformas ejercen un poder que nadie ha votado»

¿Es técnicamente viable impedir el acceso a las redes sociales a menores de 16 años sin crear un sistema de vigilancia digital extremo?

Es posible, pero es un reto importante. Cualquier sistema debe estar diseñado desde el inicio para no derivar en una vigilancia masiva. La clave es que la responsabilidad no recaiga en las familias ni en los menores, sino en las empresas que prestan los servicios.

¿Por qué la responsabilidad debería ser de las plataformas?

Por el mismo motivo que un bar es responsable de no servir alcohol a menores. Las plataformas deben garantizar que quienes no cumplen la edad mínima no accedan. El precedente de Australia es claro: desde finales del año pasado, las multas por incumplimiento recaen sobre las empresas, no sobre los usuarios.

¿Cómo se puede verificar la edad sin vulnerar la privacidad?

No tiene sentido exigir documentos completos como el DNI. Eso es innecesario y peligroso para la privacidad. Solo hace falta saber si una persona cumple o no la edad requerida, nada más.

¿Qué tipo de alternativa técnica propone?

Un identificador digital muy simple, validado por una administración pública, que funcione como un único dato que indique si eres mayor de 16 o de 18 años. Las plataformas solo comprobarían ese dato, sin acceder a ninguna otra información personal. Hay varias opciones: biometría, análisis del comportamiento digital o certificados de edad. Las plataformas ya conocen muy bien los patrones de consumo de sus usuarios. Lo razonable es combinar métodos y usar siempre el menos intrusivo.

¿Hasta qué punto los menores pueden esquivar estos controles?

Siempre habrá quien intente saltárselos, igual que ocurre con el alcohol o con las alarmas de seguridad. Pero poner barreras reduce mucho el acceso. Que no sea infalible no significa que no deba hacerse.

¿Las plataformas digitales tienen hoy más poder que los estados?

En muchos aspectos, sí. Deciden qué contenidos se muestran y cuáles desaparecen del debate público, aunque no exista ninguna ley que lo prohíba. Ese poder blando —el soft power— acaba teniendo efectos muy reales sobre la opinión pública.

¿Ese soft power del que habla se ha convertido en hard power o poder fuerte?

Claramente. Las plataformas condicionan el debate democrático, influyen en procesos electorales y establecen normas de facto sobre qué se puede decir o mostrar. Eso no lo decide ningún parlamento o institución democrática.

¿Es necesaria una mayor regulación desde la Unión Europea?

Las democracias se definen por su capacidad de proteger a los más vulnerables, y en el entorno digital eso incluye a los menores y también a la gente mayor, muy expuesta a la manipulación. Europa debe desarrollar y utilizar servicios propios, aunque hoy no sean tan potentes como los estadounidenses. Sabemos que se puede hacer.

¿Qué es lo que más le preocupa del paradigma tecnológico actual?

Que ya no podamos hablar de la tecnología como una herramienta para mejorar la vida sin que sea sinónimo de poder y control. La tecnología no debería servir para condicionar la democracia.

Mientras el Gobierno debate cómo poner límites de edad en redes sociales, en las aulas de Lleida los educadores viven la realidad digital en las clases. Eduardo López Truco, director y profesor del instituto Màrius Torres, reconoce los retos: “Veo pros y contras. No sabemos cómo se aplicará ni cómo se podrá hacer cumplir una ley así”. La preocupación principal entre los docentes es la confusión creciente entre vida real y digital. “Muchos chicos y chicas no acaban de diferenciar ambas realidades. Trabajamos desde las tutorías para que aprendan a discernir y tengan criterio”, explica el docente. Alerta también sobre la falsa sensación de control que tienen los menores, quienes “creen que pueden falsear su identidad, pero no entienden que el algoritmo conoce todos los detalles sobre quién eres”. El punto principal, según explica López Truco, es que “los adolescentes están indefensos ante todo esto”, subrayando la urgencia de medidas que protejan a los más jóvenes. Una advertencia que coincide con la tesis de Ganyet: la responsabilidad no puede recaer solo en familias o centros educativos, sino también en las plataformas digitales.

“Las redes se han convertido en un Estado Fallido”

Las redes sociales y su impacto en los menores han vuelto al centro del debate político esta semana tras las declaraciones de Pedro Sánchez en Dubái y en un vídeo publicado en su perfil de X. En ambos mensajes, el presidente alertó de que las plataformas digitales se han convertido en un “salvaje Oeste” y en un “Estado fallido”, donde proliferan contenidos ilícitos, violentos y perjudiciales. Sánchez cargó contra la llamada “tecnocasta” y defendió la necesidad de imponer límites a unas compañías que, según afirmó, tienen “más dinero y más poder que muchos países”. “Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos”, aseguró, añadiendo que el Gobierno seguirá adelante “pese a sus amenazas”. Entre las medidas planteadas figuran una mayor colaboración con la Fiscalía para investigar delitos cometidos en redes sociales, especialmente los que afectan a menores; la persecución de prácticas como la manipulación algorítmica basada en datos sin consentimiento; y la posibilidad de imponer responsabilidades penales a las plataformas que no retiren contenidos peligrosos. También anunció la creación de una herramienta para medir la huella de odio que generan estas plataformas.