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Stop UE-Mercosur: 170 entidades denuncian la aplicación provisional del tratado comercial

La campaña acusa a la Comisión Europea de imponer el pacto sin el control de los parlamentos y con graves deficiencias democráticas

Decenas de tractores y agricultores protestan contra el Mercosur ante|delante de el Parlamento Europeo el 20 de enero del 2026.

Decenas de tractores y agricultores protestan contra el Mercosur ante|delante de el Parlamento Europeo el 20 de enero del 2026.ACN

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Un total de 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias han manifestado su rechazo frontal al anuncio de la Comisión Europea sobre la puesta en marcha provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Les entidades, integradas en la plataforma Stop UE-Mercosur —con presencia de Ecologistas en Acción de Cataluña—, denuncian que esta decisión representa una vulneración de los principios democráticos y exigen que se paralice hasta que las instituciones europeas competentes se pronuncien. En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, exigen paralizar la aplicación provisional del acuerdo y respetar el papel del Parlamento Europeo antes de completar la tramitación.

Les entidades califican la decisión de “grave atropello democrático” y aseguran que aplicar el tratado antes del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un menosprecio|desprecio a los procedimientos comunitarios. También critican que la tramitación haya excluido los parlamentos estatales y que la aprobación en el Consejo se haya hecho sin unanimidad.

Con respecto al contenido, alertan de que el acuerdo consolidaría a un modelo agroexportador intensivo, con impactos sociales y ambientales tanto en Europa como en la América Latina. Según las firmantes, podría aumentar la presión sobre sectores agrarios europeos y favorecer la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación.

Les organizaciones exigen revertir la aplicación provisional, abrir un debate público sobre la política comercial europea y anuncian que intensificarán la movilización para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.

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