Geriátricos en el limbo

Las pequeñas poblaciones del llano de Lleida son las que tienen una mayor cantidad de población de avanzada edad. Desde hace décadas, muchas reivindican abrir centros geriátricos. Sus presupuestos limitados hacen que su construcción dependa de unas aportaciones de la Generalitat que nunca llegan. Los recortes del Govern han hecho que muchas se hayan comenzado pero lleven décadas a la espera de inaugurarlos, lo que obliga a que los mayores sean trasladados a residencias de poblaciones más grandes. A causa de dichos recortes en los últimos 5 años solo hay plazas privadas ya que las concertadas están en lista de espera. El coste medio mensual está sobre los 1.500€, cifra nada asequible para las economías más modestas.

El caso más antiguo es el de Castellserà, con 21 plazas. Las obras comenzaron en 2000 con un coste de 2 millones. Desde entonces el consistorio ha ido sudando euro a euro para acabar el edificio. Falta el mobiliario, la cocina y la lavandería y continúa cerrado. Otro es el de Sant Martí de Maldà, construido en 2002. Desde entonces luce el esqueleto de un lujoso equipamiento valorado en 450.000€, inacabado por problemas de financiación. En febrero de 2015 el ayuntamiento cedió las instalaciones a la asociación Alba de Tàrrega que tiene previsto comenzar su adecuación el primer semestre de este año para poder dar cabida a 24 plazas.

En la Segarra, Sant Guim tiene pendiente abrir desde hace 5 años su centro de día con 27 plazas y un coste de 1,2 millones. Según el alcalde, Francesc Lluch, en la actualidad 14 ancianos del municipio están en centros de Guissona, Cervera y Tàrrega. El consistorio no puede financiar un servicio que daría una solución a jubilados de Estaràs, Ribera d’Ondara, Talavera, Montmaneu, Veciana, y Pujalt.

Tras años de reivindicaciones, Anglesola consiguió en el pasado año acabar la construcción de 6 habitaciones de su Centre de Serveis que costó 442.674€. Pendientes de los últimos permisos, está sin estrenar. En la Fuliola, en 2014 el ayuntamiento optó por vender su residencia de 60 plazas sin estrenar, que generó una deuda de 2,3 millones y dejó las finanzas locales al borde de la quiebra. Maldà, que ya batalló durante años por abrir su residencia de 13 plazas, tiene pendiente ampliarla a 20, lo que costará 356.000 euros.