Dueños de al menos 7 edificaciones ilegales en Lleida las derriban para reducir sus multas

Los propietarios de al menos siete construcciones ilegales en las comarcas de Lleida las han derribado en el último año, a raíz de expedientes de la Generalitat y ayuntamientos que les instaban a hacerlo. Se trata de construcciones sin permisos o que no se ajustan a su licencia de obras, y que no pueden legalizarse porque contravienen la normativa urbanística. Al aceptar demolerlas de forma voluntaria, los infractores se ahorran entre el 60% y el 80% del importe de las multas.

Media docena de las demoliciones corresponden a expedientes abiertos por la Generalitat en los municipios de Naut Aran, Vielha e Mijaran, Fulleda, Lladurs, El Pont de Suert y Sant Esteve de la Sarga. Es la cifra más alta de la última década. En las tres primeras se trataba de viviendas construidas sin licencias cuyos propietarios aceptaron devolver los terrenos a su aspecto original.

En el caso de la localidad del Solsonès, era una cada de madera sobre una cubierta plana de otro edificio.En Sant Esteve, se ha demolido parcialmente un conjunto de construcciones formado por un edificio de 48 metros cuadrados, una piscina de 37 metros cuadrados, un depósito de agua y una barbacoa. En El Pont de Suert, los trabajos se limitaron a revertir cambios que se hicieron sin permisos a una casa. El propietario tapió ventanas que había perforado, eliminó tres chimeneas y una antena de televisión y eliminó 50 metros cuadrados de pavimento exterior.A las demoliciones efectuadas a instancias de la Generalitat se suman los expedientes de ayuntamientos.

Un caso en Lleida en el último año es la retirada de escombros enterrados y la demolición de una plataforma en una finca de Almacelles para construir sobre ella un cobertizo agrícola. Pertenecía a la madre de la alcaldesa, quien ordenó la demolición a raíz de la denuncia de un particular.Cuando las resoluciones de la Generalitat y los ayuntamientos que ordenan derribar edificios son firmes, estas administraciones tienen la potestad de llevar a cabo las demoliciones de forma subsidiaria y con cargo a los infractores si estos no las hacen. Sin embargo, en muy pocas ocasiones se efectúan estr tipo de derribos y edificios declarados ilegales siguen todavía en pie muchos años después de finalizar el proceso sancionador.