Amianto en Lleida: miles de toneladas sobre las cabezas y bajo los pies
El coste de la retirada de este material prohibido se estima entre 25 y 30 euros por metro cuadrado
Treballs de retirada d'uralita amb amiant en una imatge d'arxiu.
La prohibición total del amianto y de productos que lo contienen como el fibrocemento llegó a España en el año 2001. Sin embargo, para entonces estaba ya muy extendido en todo tipo de construcciones por su bajo coste y alta resistencia. Más de dos décadas después de la prohibición, los datos de la Generalitat apuntan a la existencia de fibrocemento en 34.289 cubiertas de edificaciones distribuidas entre casi todos los municipios leridanos. Hasta el pasado mes de abril, la administración catalana tenía constancia de la presencia de este material en 220 de los 231 municipios de las comarcas de Lleida. Foradada, Oliola, Ivorra y Abella de la Conca lideran el ranking de Catalunya de kilos de amianto en los tejados por habitante, según los datos del Govern, que apuntan que Lleida capital tiene más de 9.000 toneladas.
Las estimaciones del Govern apuntan a más de 160.000 toneladas de este material tóxico solo en edificaciones de las comarcas de Lleida. Sin embargo, la construcción de tejados no es el único uso que ha tenido.El fibrocemento está también presente en las tuberías de la red de agua potable de numerosos municipios leridanos. En Lleida ciudad, el ayuntamiento estima que este material se encuentra en el 18% de la red municipal. Muchas de las obras que plantean actualmente los consistorios para mejorar el abastecimiento de boca incluyen trabajos para retirar conducciones de fibrocemento.
La retirada de este material avanza despacio por su elevado coste
Si el bajo coste del fibrocemento disparó su uso durante la segunda mitad del siglo pasado, ahora su retirada avanza despacio porque resulta caro retirarlo y gestionar este residuo en condiciones de seguridad. El coste de hacerlo se estima entre 25 y 30 euros por metro cuadrado. La Generalitat elaboró en 2023 un plan para erradicarlo completamente para el año 2032, acompañado de una línea de subvenciones para fomentar su retirada en edificios. Sin embargo, apenas recibió 389 solicitudes para estas ayudas en las comarcas leridanas. El Parlament tramita ahora una ley para hacer obligatoria la retirada que incluirá multas para quienes no lo hagan.
