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El mundo rural reclama compensaciones por su servicio ambiental a las ciudades

El Gobierno central admite la idoneidad de resarcir al campo por su absorción de CO2

Servicios móviles- Los participantes en la primera jornada del segundo congreso de Repoblación de Catalunya, que se celebra en Sort, posaron ayer por la tarde junto con varios vehículos de servicios móviles de banca, salud y cultura que comeinzan a operar por las zonas rurales. En el congreso se han acreditado 300 participantes, 130 de ellos cargos públicos. - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

Servicios móviles- Los participantes en la primera jornada del segundo congreso de Repoblación de Catalunya, que se celebra en Sort, posaron ayer por la tarde junto con varios vehículos de servicios móviles de banca, salud y cultura que comeinzan a operar por las zonas rurales. En el congreso se han acreditado 300 participantes, 130 de ellos cargos públicos. - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

Lleida

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El melón de la justicia fiscal ambiental entre la ciudad, y sus zonas industriales, y el mundo rural quedó formalmente abierto ayer en Sort, donde el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno central, Paco Boya, asumió la necesidad de “compensar” al segundo en la distribución de la recaudación tributaria por su tarea de absorción de CO2.

“Es innegable que el mundo rural presta un servicio al conjunto de la sociedad, y eso se ha de compensar”, aseguró ayer en Sort, en el Segundo Congreso Catalán de Repoblación, el aranés Paco Boya, secretario general para el Reto Demográfico en el Gobierno central.

Boya abrió oficialmente un melón que ningún Gobierno acaba de poner sobre la mesa pese a la contundencia de los datos, y al que él mismo había apelado en su primera intervención: “la ciudad contamina y donde eso se compensa es en el territorio. Hemos de compensar eso”.

Lo que dicen los datos a escala de Catalunya es que la generación de gases de efecto invernadero se concentra en la ciudad de Barcelona, con un 38% de las emisiones (15,9 millones de toneladas de CO2 equivalente de un total de 41,4), mientras que la demarcación de Lleida no llega al 10% y concentra casi un 40% de la superficie de bosque y más de un tercio del arbolado agrócola que lo absorbe.

En la ciudad, a la que se suma su área metropolitana, las emisiones superan con claridad a la absorción, mientras que en Ponent y en Girona se compensa la producción propia y queda margen para asumir parte del excedente de las primeras.

“Las ciudades emiten el 80% de los gases de efecto invernadero y las zonas rurales hacen de pulmón”, anotó Boya, que se mostró partidario de que esa especialización territorial se vea compensada en la distribución de la recaudacion tributaria. “Es un debate en el que hemos de profundizar. Debe haber un debate sobre financiación”, dijo.

El presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, comparte esa postura. “La compensación de esos servicios es una cuestión de justicia territorial. Un pequeño municipio gestiona la absorción de CO2 y gestiona un espacio”, dijo, al tiempo que sostenía que “una gran ciudad, o las grandes conurbaciones, deberían disponer de espacios de absorción de una manera similar a lo que hacen las empresas contaminantes con los créditos de carbono”.

También Sílvia Romero, alcaldesa de Tremp y delegada de la Generalitat en el Alt Pirineu i Aran, abogó por activar ese tipo de compensaciones. “El mundo rural y la montaña facilitan muchos servicios a las urbes y la ciudad, y eso tiene que tener un retorno que ha de llegar desde el ámbito fiscal y tributario”, señaló. “Es necesario salir de los marcos habituales y cambiar las políticas”, había lanzado antes el alcalde de Sort, Baldo Farré.

El Estatut del Municipi Rural se aprobará en el Parlament en julio

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, hizo un llamamiento a todas las administraciones para aplicar políticas de equidad territorial y recordó que la corporación ya lleva a cabo una “discriminación positiva” con la Lleida rural. La Diputación anunció precisamente que renovará las subvenciones para municipios de menos de 1.000 habitantes en materia de vivienda y proyectos de arraigo. El secretario de Gobiernos Locales, Xavier Amor, se sumó a la petición de Talarn y anunció que el Estatut del Municipi Rural se votará en el Parlament en julio, con lo que entraría en vigor este verano. En otoño se hará una joranda para trabajar en su despliegue. La mayoría de los ponentes señalaron ayer la disponibilidad de vivienda como uno de los retos para atraer pobladores y talento y recuperar la demografía en el mundo rural. El acceso a la vivienda se sigue complicando por la evolución de los precios, que tanto en el Pirineo como en el llano de Lleida superan los que se daban en la burbuja de la primera década de este siglo: los últimos datos de la Generalitat cifran el alquiler medio en la montaña en 558 euros y el del llano en 501, lo que los sitúa como los más elevados de la serie que comienza en 2005.

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