Las zepas de Lleida llevan 15 años generando conflicto y a la espera de su órgano de gestión: "El problema no son las aves sino las administraciones"

“El conflicto es el resultado de un error en el desarrollo de nuestras relaciones, de nuestra evolución como personas. Como error, es susceptible de ser modificado”, ilustra Eduard Vinyamala, director del CREC-IN3 (Centro de Investigación y Estudios en Conflictología) de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). Para resolverlos es recomendable disponer de actitud y de herramientas, dos componentes que, según coincidieron ayer en señalar organizaciones agrarias y ecologistas no se dan en el escenario de diferencias abierto entre los dos grupos, cronificado incluso, en torno a la gestión de las zepas, las Zonas Especiales de Protección de Aves, de los secanos de Lleida.

Los dos grupos de entidades llevan quince años esperando a que se cree el grupo rector de las zepas de los secanos de Lleida que se contemplaba en el plan de gestión de los mismos, aprobado por la Generalitat a comienzos de junio de 2010, y que dedicaba su tercer bloque a “establecer un modelo de gobernanza y de gestión” para esas zonas, en las que los proyectos de transformación en regadío y las propuestas de conservación de la biodiversidad colisionaban de mnera frontal.

El bloque reseñaba como principal propuesta la de “diseñar una autoridad de gestión participada que combine la existencia y el fomento de iniciativas locales con un órgano común para la globalidad de los espacios portegidos”. Y, dentro de este “objetivo general”, planteaba “la creación de los órganos rectores, gestores y asesores adecuados para dotarse de más capacidad de actuación en el ámbito del plan, así como el fomento de la participación de la iniciativa local en el gobierno de los espacios”.

Nunca más se supo, por mucho que el plan inicial de gestión de las zepas de Lleida incluía en ese apartado otros objetivos como “coordinar las medidas compensatorias” y fomentar los acuerdos de custodia del territorio, la “gestión adecuada” de las fincas públicas y “la integración de la gestión del espacio protegido con el territorio circundante”.

“Debería haber un grupo rector para las zepas, pero no se ha creado desde 2009. La Administración no cumple sus propias normas”, señaló Josep Maria Pijuan, responsable de Ganadería y de Seguridad Alimentaria de UP (Unió de Pagesos), quien se mostró especialmente crítico con la Generalitat: “el problema de las zepas no son los pardales, sino la Administración, los políticos y los funcionarios”.

“Falta un órgano gestor”, coincide Cristina Sánchez, delegada de la organizacion ornitológica SEO-Birdlife en Catalunya, quien anota que desde 2010 “existe un plan de gestión, pero no se ha implementado en su totalidad”.

Los sindicatos del campo presentan sus propuestas

Mar Ariza, del Gremi de la Pagesia, calificó de “histórico” que las organizaciones agrarias (Unió de Pagesos, Revolta Pagesa, Asaja yJarc) y los regantes del Canal Segarra-Garrigues se hayan unido para consensuar sus reclamaciones sobre las zepas de los secanos de Ponent. Las presentaron ayer en los servicios territoriales de Territorio en Lleida. El sector considera que no tiene “ningún sentido” mantener normativas de protección de unas aves que en la mayoría de lugares ya no están, y reclamó la elaboración de un estudio independiente para verificar si están o no, y qué consecuencias ha tenido para el campesinado en los últimos 20 años las gestión de esos espacios. También solicitan replantear el proyecto del canal y revisar su declaración de impacto ambiental (DIA). Cristina Sánchez, de SEO-Birdlife, rechazó esos planteamientos: “Las zepas se declararon con criterios científicos, y no se puede plantear su modificación con criterios que no lo sean”, señaló, al tiempo que abogó por destinar más recursos a los agricultores que reducen su producción en lugar de financiar transformaciones en regadío.