TRIBUNALES
Fiscalía ordena investigar la falta de planes antiincendio en 81 municipios de Lleida
Propone llevar al juez a los consistorios que hayan sufrido incendios sin disponer del documento. En Lleida 33 ayuntamientos carecen de él y 48 lo tienen caducado

Regreso de Jarilla- El medio centenar de Bomberos de Catalunya que se han desplazado hasta Cáceres esta semana, con 15 vehículos, un avión de vigilancia y ataque y un helicóptero bombardero, para colaborar en la extinción del incendio de Jarilla regresan hoy tras una semana de trabajo intenso. - BOMBERS DE LA GENERALITAT
La Fiscalía de Sala de Medio Ambiente del Tribunal Supremo ha remitido a las fiscalías provinciales una circular en la que les insta a investigar la existencia de planes de prevención de incendios en los ayuntamientos y a perseguir por la vía penal a los que hayan sufrido incendios en su término sin disponer de ese instrumento de prevención y de actuación, según adelantó ayer El País.
En la demarcación de Lleida hay 81 consistorios en zona de riesgo que carecen de un plan antincendios en vigor pese a tener la obligación de disponer de él: 33 no han llegado a presentarlo y otros 48 lo tienen caducado.
En el primer grupo se encuentran la capital de la demarcacion, capitales de comarca como Les Borges Blanques y El Pont de Suert y municipios de la entidad de Alcarràs o Agramunt. Del segundo forman parte cuatro cabeceras comarcales: Balaguer, La Seu d’Urgell, Sort y Vielha.
El actual listado de términos municipales con alta probabilidad de registrar fuegos forestales data de hace algo más de un año, cuando se cerró la última revisión del Infocat con la inclusión de 129 de toda Catalunya en ese grupo, aunque en algunos casos la carencia del documento o su caducidad se acercan a las dos décadas.
La ampliación de la lista se debe a dos factores: la evolución de la meteorología, con fases de sequedad más prolongadas y temperaturas más altas por el cambio climático, y la del territorio, donde las zonas de monte alto (arbolado) y bajo (arbustos y maleza) ganan mil hectáreas por año en Lleida. Su combinación ha incrementado la inflamabilidad, la presencia de combustible y la acumulación de energía, ya sea por rayos o por radiacion solar, susceptible de activar los fuegos.
El fiscal de Sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, considera que la ola de incendios se debe “a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de protección de incendios”. Y expone a las fiscalías provinciales que en los casos en los que “la existencia de los citados planes sea insoslayable” y se hayan porducido fuegos, pueden plantearse exigir una “responsabilidad penal” a quienes “teniendo la obligacion de elaborar” esos documentos no disponen de ellos.
En cualquier caso, los de Torrefeta i Florejacs, Cabanabona ni Oliola, los tres municipios en los que se concentraron los daños del macroincendio de comienzos de julio, que quemó más de 5.000 hectáreas, la mayoría de campos de cultivo, y que se cobró dos vidas, no aparecen entre los 81 ayuntamientos que no disponen de plan o lo tienen caducado pese a ser obligatorio disponer del documento. Tampoco figura ninguno de los tres entre los 58 consistorios leridanos que no han presentado el plan pese a que Protección Civil de la Generalitat les ha informado de que sería recomendable, ni entre los cinco que tienen el suyo pendiente de revisión.