Mollerussa pide al Govern que intervenga el consistorio para solucionar su colapso actual

El alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha solicitado formalmente a la Generalitat que intervenga el ayuntamiento por un “colapso interno” sin precedentes en la administración local. Así, ayer remitió tres cartas al conseller de la Presidencia, Albert Dalmau; el secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran, Xavier Amor; y el director general de Administración Local, Francesc Belver, reclamando “ayuda legal, eficaz e inmediata” para desbloquear la acción municipal. “Hoy es el peor día desde que soy alcalde. No puedo cumplir mis obligaciones y el ayuntamiento está paralizado. Por eso pido amparo y ayuda a la Generalitat”, declaró.

La gota que ha colmado el vaso llegó en el miercoles, cuando el pleno no pudo debatir la aprobación de un crédito de dos millones de euros destinado a obras en la vía pública por la ausencia de un informe completo de Intervención. Ese mismo punto ya había tenido que retirarse de la sesión celebrada quince días atrás por el mismo motivo.

Así, Solsona acusó a Intervención de retrasar sistemáticamente los informes preceptivos y de actuar “con un derecho de veto que no le corresponde”. A pesar de todo, el primer edil explicó que la solución no está en abrir expedientes disciplinarios porque “procedimiento es largo y no ofrece una solución inmediata. No sirve para desbloquear el día a día”.

Más allá de los expedientes que no avanzan, el alcalde alertó de la “parálisis invisible” que afecta al gobierno municipal: “Es la de los proyectos que ni siquiera se presentan porque sabemos que quedarán atascados”, advirtió. “Esto no es un movimiento político. Es un SOS institucional. Es un grito de auxilio en nombre de la ciudad”, remarcó. Solsona aprovechó para reflexionar sobre el modelo de gestión pública: “El funcionario debería servir a la gente, no convertirse en un muro que frena la acción de gobierno”.

Acompañamiento y mediación

El director general de Administración Local, Francesc Belver, confirmó, consultado por este diario, haber mantenido conversaciones con el alcalde y admitió las dificultades que atraviesa el consistorio. “Hemos hablado mucho con el ayuntamiento y lo que nos piden es una intervención. Pero la Generalitat no puede hacerlo por respeto a la autonomía local”, señaló.

Belver subrayó que la labor del Govern será de acompañamiento y mediación: “Debemos ayudar, buscar soluciones e intentar solventar esta situación, que no es sencilla”. Este enfoque está recogido en el Programa Piloto de Mediación para entidades locales de la Administración pública, cuyo objetivo es resolver conflictos entre funcionarios y cargos electos.

Solsona puso cifras al bloqueo administrativo: hay 115 expedientes que han superado los plazos legales sin resolverse. “Es una cifra que habla por sí sola. No se trata de un caso puntual, sino de un colapso generalizado que afecta a todos los departamentos”, destacó. Además, explicó que el proceso de estabilización laboral de 94 trabajadores municipales, que debía haberse resuelto en noviembre de 2023, sigue pendiente. “No puede ser que decenas de personas no tengan garantías sobre su futuro laboral por la falta de un informe”, advirtió.

La parálisis también afecta a la prestación de servicios básicos y a la relación con proveedores y entidades locales. Solsona rechazó “que un servicio municipal se quede sin personal el día que toca por falta de un informe. Es imposible que una asociación no sepa cuándo cobrará una subvención. Esto condena a la ciudad a la parálisis y genera descrédito institucional”, lamentó. El periodo medio de pago a proveedores se ha disparado a unos 120 días de media. “Es paradójico: tenemos dinero, pero no podemos pagar porque falta un informe. No es admisible”, subrayó.