El TSJC anula la orden de indemnizar a la exsecretaria de La Portella

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado la orden del juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida que daba quince días al ayuntamiento de La Portella para indemnizar con 462.319 euros a su exsecretaria por su despido. La orden, dictada hace un año, indicaba al consistorio que esa cantidad debía verse incrementada con los intereses legales desde la fecha del cese, lo que la situaba por encima del medio millón de euros, y advertía a los responsables de ejecutarla de que no hacerlo les podría “deparar los perjuicios” previstos en la ley. Eso los exponía a “multas coercitivas de hasta 1.500 euros” y la “deducción de testimonio de particulares”, es decir, la apertura de un proceso judicial por desobediencia.

Esta es la sexta ocasión desde julio del año pasado en la que el TSJC revoca las órdenes del juzgado leridano en este asunto, que se remonta a 2012, cuando la entonces secretaria-interventora del ayuntamiento de La Portella, A.C.B., dejó de trabajar para el consistorio.

La demandante, en una tesis que avaló el juzgado de Lleida, siempre sostuvo que se trataba de un despido, algo que, al haber desempeñado el grueso de su carrera antes de la reforma laboral de Mariano Rajoy, le daba derecho a una indemnización de 45 días de su último salario por año con un límite de 42 mensualidades. El consistorio, cuyos planteamientos ha avalado el TSJC, mantiene que se trata de una “extinción de la relacion funcionarial”, ya que ocupaba una plaza vacante en una administración pública, y eso reduce la indemnización a un máximo de veinte días de salario por año trabajado con un tope de veinte mensualidades.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo tendrá la última palabra en este asunto después de que el letrado de la exsecretaria-interventora, Josep Moragues, presentara un recurso contra el primer bloque de cuatro sentencias del TSJC que acogía las tesis del consistorio, representado por la abogada Maite Nolla.

El juzgado archiva la causa por desobediencia al alcalde

El tribunal de Instancia número 1 de Balaguer ha archivado la causa abierta al alcalde de La Portella, Carles Català, como presunto autor de un delito de desobediencia por eludir la ejecución de varias órdenes del juzgado Contencioso de Lleida que más tarde el TSJC dejó sin validez. Los autos desoídos forman parte del culebrón judicial sobre el final de la relación laboral de una secretaria-interventora, A.B.C. La Fiscalía entendió que la negativa del alcalde a ejecutar las órdenes encajaba en el delito de desobediencia, castigado con hasta un año de cárcel o 18 meses de multa. Català llegó a declarar como investigado. “De lo actuado no aparece debidamente acreditada la perpetración del delito”, señala el auto del juzgado de Balaguer, que decreta, tal y como ahora solicitaba la Fiscalía, “el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa”.