Varios municipios leridanos presentan recursos para paralizar la planta de biogás de la Sentiu de Sió

Los ayuntamientos de Tàrrega, Bellcaire, Bellpuig, Tornabous y Les Borges Blanques se han unido en una acción legal conjunta presentada a la consellera de Territori y piden que se paralice la planta de biogás Cobirgy de la Sentiu de Sió, como medida cautelar. Los alcaldes creen que “a Ponent no le corresponde la carga medioambiental” que supone y han expresado su “desacuerdo y malestar” por el diseño de la implementación de las macroplantas. También exigen resolver "todos los interrogantes que plantea el proyecto" antes de autorizar su puesta en marcha. La Conselleria dispone ahora de un mes para responder los cinco recursos de reposición.

El alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, ha denunciado que el despliegue actual de la factoría de biogás que promueve la firma Copenhagen Infraestructure Partners (CIP) es el mayor del Estado e implica “peligro para la bioseguridad ganadera” en una época en la que las pandemias están al orden del día.

Estiarte ha explicado que, sin una planificación previa, “el movimiento constante de 30.000 camiones al año, que trasladan restos de excrementos y cadáveres,” pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones ganaderas en Ponent.

En este sentido, los ayuntamientos contrarios a la planta han expresado su voluntad para “plantar cara” a la que consideran que es una “estrategia equivocada” y han presentado cinco recursos de reposición contra la autorización ambiental, publicada el pasado 24 de diciembre, para evitar que la iniciativa prospere.

La abogada de los consistorios, Esther Sancho, ha señalado que se impugnan tres supuestos legales para pedir la suspensión solicitada: la necesidad de garantizar que no se pierda la finalidad del recurso, la apariencia de buen derecho de los recursos presentados, y la ponderación de los intereses del conflicto. La abogada ha revelado que cuentan con un informe técnico emitido por la plataforma Pobles Vius sobre los efectos derivados del proyecto de biogás, relacionados con el aumento de la presencia de enfermedades infecciosas en ganado.

Ahora la Conselleria dispone de un mes para resolver los cinco recursos, de contenido idéntico. Sancho ha advertido que, si la medida cautelar se desestima, los alcaldes no descartan llevar el caso a los tribunales, como ya hicieron con la aprobación del Plan Especial ubranístico.

Estiarte ha lamentado la falta “de dialéctica y de información previa” que hay en torno al diseño de la planta de biogás y ha cuestionado que los intereses de la producción energética y del negocio estén por encima de los intereses generales “de la gente que vive allí”.

El alcalde de Bellpuig ha celebrado la incorporación a la iniciativa del Ayuntamiento de Tàrrega y ha hecho un llamamiento a que todos los ayuntamientos de Ponent se sumen. “En el mundo local es bueno que seamos más”, ha dicho.