Cinco ayuntamientos piden parar la planta de biogás de La Sentiu

Los alcaldes de Les Borges Blanques, Josep Farran, de Tornabous, David Vilaró, de Bellpuig, Jordi Estiarte, y el primer teniente de alcaldía de Tàrrega, José Luis Marín, presentaron ayer en Lleida una nueva medida legal para frenar la construcción de la planta de biogás de CIP en La Sentiu de Sió y denunciaron que la autorización ambiental que la Generalitat concedió a los promotores en diciembre “no respeta supuestos legales de diversa índole”, como las afectaciones al suelo agrícola, la fauna, la flora o los elementos de patrimonio. Según la abogada Esther Sancho, se han presentado hasta 45 alegaciones, muchas de ellas relacionadas “con el hecho de que no se conoce la procedencia” de las deyecciones y la materia orgánica que recibirá la futura planta, por lo que estos cuatro municipios, además de Bellcaire, han decidido interponer un recurso de reposición por vía administrativa ante la conselleria de Territorio para que se “replantee” su decisión de conceder la autorización ambiental al proyecto. “Y no solo eso”, añadió Sancho, “pedimos una medida cautelar que sería la primera acción legal con la que se pide la paralización del proyecto”. La abogada explicó que se trata de un objetivo factible teniendo en cuenta la “solidez” del recurso, pero añadió que en caso de desestimación “no descartamos acciones legales” ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde ya está impugnado el plan especial urbanístico que autoriza la construcción de la planta. Mientras, el alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, mostró su “malestar” por el diseño de la implantación de las plantas de biogás en Catalunya que, en su opinión, no tiene en cuenta “el excedente real de 312.814 toneladas de deyecciones” ganaderas en Lleida, ya que las 23 plantas proyectadas supondrían tratar más de 4 millones de toneladas, una diferencia “desproporcionada”. Por su parte, el alcalde de La Sentiu, Josep Torres, explicó a SEGRE que los promotores del proyecto aún no han presentado la documentación necesaria para obtener la licencia de obras, pero reiteró que el consistorio “no podría negarse” a concederla si todos los permisos y urbanísticos sobre el proyecto estén en regla.