Catalunya aprueba duplicar la tasa turística a partir de abril

El pleno del Parlament de Catalunya ha aprobado duplicar la tasa turística a partir de abril, con los votos a favor del PSC, ERC y Comuns. La CUP se ha abstenido y Junts, PP y Vox han votado en contra. La ley prevé que, a partir del 1 de abril, la tasa que la Generalitat aplica en la ciudad de Barcelona se duplique: pasará a estar, en el caso de la más alta, de siete euros la noche en establecimientos de lujo y de 3,40 euros en los de cuatro estrellas. En el resto de Catalunya, el incremento será progresivo. Del 1 de abril hasta el 31 de marzo del 2027 la tarifa máxima será de 4,5 euros la noche y a partir de entonces se incrementará a seis euros.

La ley, que ya habían pactado el PSC, ERC y Comuns, fija que el 25% de la recaudación de la tasa se destine íntegramente a las políticas de vivienda de la Generalitat, mientras que el 75% se integra en el Fondo para el Fomento del Turismo.

La norma también permite al Ayuntamiento de Barcelona subir de cuatro hasta ocho euros el recargo máximo que puede aplicar a esta tasa a escala municipal. El consistorio barcelonés ya ha aprobado el incremento de un euro anual hasta un máximo de ocho euros en el 2029. Aparte de Barcelona, el texto abre la posibilidad de que otros ayuntamientos puedan aplicar también un recargo propio de máximo cuatro euros, así como que puedan fijar importes diferentes, en función de la zona donde se encuentre el establecimiento y de la época del año.

PSC, Comuns y ERC reivindican el incremento

En el debate, la diputada del PSC Susana Martínez ha reivindicado que la tasa turística no tiene un impacto en el número de turistas y que "es de sentido común que quien utiliza los servicios públicos contribuya a su mantenimiento". También ha reprochado a Junts que no dé apoyo a una medida que, ha subrayado, impulsó cuando gobernaba.

La diputada de ERC Laia Cañigueral ha reivindicado que se trata de un "elemento clave" y que la tasa tiene que ser una "herramienta municipalista". Ha defendido que se trata de un impuesto proporcional, que permite a los ayuntamientos decidir cuánto les quieren aplicar y que tiene en cuenta la "realidad" del país. "No podemos tratar a Barcelona y al resto del país como una única realidad", ha dicho, defendiendo la aplicación gradual en el resto del territorio.

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha subrayado que la tasa turística es para que los turistas "contribuyan un poco más" para poder hacer frente, por ejemplo, al incremento de las necesidades en seguridad, limpieza o el aumento de usuarios en centros sanitarios. También ha defendido que la ley permite que todos los municipios tengan derecho a aplicar un recargo, y no sólo Barcelona.

La concejala de la CUP Laure Vega ha afirmado que la tasa turística "podría haber sido más interesante" y ha lamentado que durante la tramitación se hayan tumbado propuestas de la formación sobre vacaciones para trabajadores. En este sentido, ha reivindicado que hay que avanzar hacia un turismo de proximidad.

Voto en contra de Junts, PPC, Vox y Aliança

Junts y el PPC habían presentado enmiendas al texto, que han sido rechazadas. La diputada de Junts Maite Selva ha criticado que se trata de una ley "improvisada" que "demoniza" el turismo para "tapar a otras incapacidades", en referencia a la crisis de la vivienda. Selva también ha lamentado que el Govern actúe "al dictado de presiones ideológicas" y de los "socios más extremos, los Comuns", y que se legisle sin tener en cuenta las diferencias territoriales. "Catalunya no es uniforme, pero el Govern actúa como si lo fuera. No queremos decretos chapuza", ha insistido.

Por su parte, la diputada del PPC Àngels Esteller ha expresado el "rechazo contundente" al aumento de la tasa turística porque "perjudica y penaliza" el sector turístico, a quien ve como "enemigo". "Es una declaración de principios. Han elevado a rango de ley la turismofobia de los Comuns y ERC, que encuentra al turista como invasor y los hoteleros como especuladores", ha señalado.

El diputado de Vox Javier Ramírez ha lamentado que "se compre el relato de la turismofobia y la extorsión fiscal" y ha criticado que una parte del dinero vaya a parar a vivienda. "¿Qué culpa tiene una familia que viene libremente a visitar la ciudad, a mover la economía, que hayan hundido el mercado de la vivienda? Ninguna", ha afirmado.

Finalmente, la diputada de Aliança Catalana Sílvia Orriols ha dicho que la iniciativa "no responde a los respetos del país" y es una "mera operación recaudatoria" que "penaliza" el sector turístico. "Los obligan a recaudar un impuesto que los perjudica", ha afirmado.