El acusado del crimen de La Baronia trató de confundir la investigación cambiando su patrón de movilidad

El guardia civil detenido la semana pasada por su presunta implicación en el asesinato de Joan Coromina Estany, de 61 años, en enero de 2022 en un bosque de La Baronia de Rialb, habría hecho labores de contravigilancia tras el levantamiento del secreto del sumario al sospechar que podía ser incriminado, según consta en el auto del juez instructor. 

El agente C.G.O. fue arrestado el miércoles en Lleida por la Guardia Civil y los Mossos, como avanzó SEGRE. Está imputado por un delito de homicidio y quedó en libertad con cargos tras declarar ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Solsona. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión, mientras que su defensa pidió su puesta en libertad. El investigado, que defendió su inocencia, es hijo de quien fue comandante de la Policía Judicial en Lleida, también imputado como supuesto inductor del crimen.

Los investigadores sostienen que hay indicios que lo vinculan con el crimen. Entre ellos, un posible móvil económico derivado de la situación financiera que atravesaba, al tener que hacer frente al pago de 33.000 euros por la reforma de una vivienda y la compra de un vehículo. 

Según la investigación, esta circunstancia coincide temporalmente con una reunión celebrada el 24 de diciembre de 2021 entre la víctima y el padre del detenido en la que supuestamente se le habría ofrecido información sobre una causa por contrabando en Portugal a cambio de 30.000 euros. 

Coromina se habría negado a pagar. Asimismo, los investigadores destacan que el teléfono móvil del agente dio señal el 3 de diciembre de 2021 en Gualter, en la zona donde posteriormente se produjo el crimen. 

También habría intentado obtener información de forma irregular sobre Coromina meses antes del crimen. Para ello, habría solicitado a un agente destinado en Fuerteventura que accediera al DNI de la víctima sin justificación, con el objetivo de no dejar rastro. 

La investigación apunta además a la implicación del padre del arrestado como presunto inductor. Según esta línea, querían conseguir los 30.000 euros que el agente necesitaba. La negativa de Coromina a pagar podría haber desencadenado los hechos. 

En cuanto a la conducta posterior al levantamiento del secreto de las actuaciones, el juez considera relevante que el investigado modificara “de forma sustancial” sus patrones de movilidad, realizando trayectos erráticos y desplazamientos sin finalidad aparente, comportamientos que los investigadores vinculan con técnicas de contravigilancia. El asesinato sigue bajo investigación y se intenta esclarecer de los hechos.