Problemas para activar cargadores eléctricos cedidos por la Diputación de Lleida

La Diputación ha cedido 84 cargadores eléctricos para bicicletas eléctricas y otros vehículos a 51 municipios de Lleida en los últimos meses pero, según la propia corporación provincial, solo 20 de ellos están en marcha a pesar de que el plazo para instalarlos vence este verano. Esta situación, según denunció el diputado provincial Manel Solé (Impulsem) durante del pleno de ayer, afecta al municipio del que es alcalde, La Granja d'Escarp, donde “nos encontramos con dificultades inauditas” para que Endesa, la compañía distribuidora que debe legalizar la instalación, finalice el trámite para ponerla en marcha. “lo tenemos todo listo, pero no hay manera”, lamentó.

En el mismo sentido se expresó el diputado Marc Baró (ERC), alcalde de La Pobla de Segur, uno de los cinco municipios que han renunciado a estos equipamientos junto a Seròs, Corbins, Baix Pallars y Conca de Dalt. Baró tildó de “drama” la actuación de las compañía eléctricas, y aseguró que en su caso “hemos estado más de un año y medio” para activar un cargador.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Joan Talarn, se comprometió a seguir esta problemática de cerca y se puso a total disposición de los municipio afectados para hablar con Endesa y poder acortar los plazos.

Mientras, el pleno aprobó aportar 1,95 millones de euros en forma de créditos extraordinarios a los municipios de más de 4.500 habitantes, capitales de comarca y consells comarcals para personal que haga inspecciones sanitarias en comercios.

Polémica en un debate sobre la Educación

El pleno de la Diputación aprobó ayer una moción en favor de las reivindicaciones de la comunidad educativa. Durante el debate, Juan Antonio Serrano (UA), dijo compartir las exigencias de los profesores, pero opinó que “hay una parte de hipocresía” por mezclar exigencias salariales y mejora de condiciones. Junts, impulsor la moción, afeó el comentario de Serrano, que finalmente lo retiró.