Las eléctricas reabren la batalla judicial por la tasa que les obliga a pagar por sus líneas

Las grandes compañías eléctricas, Endesa y Red Eléctrica (REE) principalmente, han reabierto la batalla legal contra los muncipios que han logrado que comiencen a tributar por el aprovechamiento de espacios públicos y comunales que supone la instalación de sus torres de alta tensión y han empezado a presentar recursos contra las liquidaciones anuales de la tasa que grava esa ocupación.

Los recursos contra las liquidaciones, que se presentan ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Lleida, cuestionan de forma indirecta las ordenanzas que regulan esas tasas, buscando nuevos motivos de impugnación. Eso reabre una batalla judicial que dura ya más de una década y que tuvo un punto de inflexión cuando Rialp, Baix Pallars, Llavorsí, y Esterri de Cardós lograron el aval judicial para la fórmula que plantearon hace dos años para aplicar la tasa por la utilización privativa de sus montes comunales con las torres de las líneas de alta tensión de 110 kV o más. Las liquidaciones de varios de esos consistorios ya han sido objeto de recurso, en unos litigios para cuya resolución se plantea un horizonte de largo plazo.

Esas normas gravan esa utilización privativa de los montes con un abanico de cuotas anuales que va de 533 € a 2.665 € por cada torre, cuyo valor unitario depende de su voltaje y del número de circuitos que lleva. Las torres suelen ubicarse cada 200-500 metros dependiendo del tipo de terreno.

Los cuatro ayuntamientos del Sobirà aplicaron una fórmula novedosa: limitar la tasa a las torres de alta tensión (de 110 kV a 380 kV) y, dentro de estas, a las ubicadas en montes comunales; y considerar su presencia un “uso privativo” por su intensidad, ya que no permite ninguna otra explotación del área que ocupa.

El TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) ha avalado el planteamiento en los cuatro casos, con sentencias firmes. Y el TS ha hecho lo propio con las tasas de Rialp y Baix Pallars al no admitir los recursos de casación de REE y con la de Esterri de Cardós al desestimarlo. En este último caso, la tasa convalidada incluye el vuelo de los cables, a los que se trata como un “aprovechamiento especial”, un concepto que define usos que, aunque conllevan limitaciones para los usos forestales al obligar a desarbolar franjas bajo su trazado, resultan teóricamente compatibles con otros usos del monte. La de Llavorsí no llegó a ser recurrida.

La gran mayoría de los ayuntamientos que había decidido gravar el paso de líneas eléctricas por su término consideraba tanto las torres como los cables como un “aprovechamiento especial” y les aplicaba una base imponible que tenía en cuenta el valor de toda la línea, un planteamiento que el Supremo lleva rechazando desde 2017. Eso ha obligado a decenas de consistorios de Lleida a retirar sus ordenanzas y a plantear otras cuyas liquidaciones en algunos casos sí aceptan las eléctricas.