Una ansiedad bajo sospecha: la justicia niega a una oficinista de Fraga la baja que pidió por un sofoco de ser detenida

El TSJA (Tribunal Superior de Justicia de Aragón) ha denegado a una oficinista de Fraga la incapacidad laboral que pidió por el desasosiego que le provocó haber sido detenida en el marco de una operación policial. El tribunal, como ya había hecho antes el Juzgado de lo Social de Huesca, avala en la práctica la postura que desde la primera solicitud de la trabajadora ha mantenido la mútua laboral con la que tenía contratada la vigilancia de la salud la empresa para la que trabajaba, Ecovert (Ecologías y Vertidos Bajo Cinca SL), dedicada al reciclaje de residuos y escombros.

“El proceso de incapacidad por ansiedad se inicia porque la trabajadora fue detenida e interrogada por la Guardia Civil, y fue el desasosiego de estar uinvestigada en un procedimiento judicial lo que le originó la ansiedad, no un acontecimiento relacionado con su trabajo”, sostiene la mútua MAZ. “Entendemos que no procedería nunca declarar el origen profesional de la patología”, recoge la sentencia del TSJA.

Los hechos se remontan al 12 de diciembre de 2023, cuando la Unidad Central de Medio Ambiente de la Guardia Civil, efectuó, “en el marco de una investigación por posible delito penal en materia de medio ambiente”, una serie de registros simultáneos en varias empresas de Fraga, entre ellas Ecovert, donde trabajaba desde comienzos de julio de 2018.

La empleada, que se encontraba en las dependencias de la empresa “desarrollando las funciones de su puesto de trabajo”, que “incluyen la gestión y control de los albaranes”, fue “detenida y trasladada a las dependencias policiales de la Guardia Civil de Lleida”, algo que también ocurrió con otros empleados. Los agentes, por su parte, se dedicaron a revisar documentación e imtervinieron varios ordenadores.

La oficinista quedó en libertad. Al día siguiente fue atendida en el Centro de Salud de Fraga. Y, ya el 14, solicitó asistencia en la MAZ, donde explicó como motivo de su estado “registro policial con detención”, reseña el TSJA.

“El parte de asistencia médica sin baja por contingencia profesional fue dejado sin efecto por resolución de la mútua” al día siguiente y tras “estimar que la patología que originó la asistencia no deriva de contingencia profesional” fue remitida al servicio público de salud, añade la sentencia.

La oficinista presentó a final de enero una reclamación, pero la mútua se ratificó es su “escrito de rehúse” con un escrito en el que le indicaba que, en caso de estar en desacuerdo, “debe iniciar ante el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) un procedimiento de determinación de contingencia”.

Sin embargo, esa gestión nunca fue realizada, lo que hizo que el Juzgado de lo Social desestimara la demanda en la que reclamaba el derecho a la baja por “falta de agotamiento de la vía administrativa previa”. El TSJA ha ratificado ese criterio y ha descartado que la oficinista sufriera indefensión.