Cierran por calor las oficinas de empleo del Estado y la Generalitat en Tàrrega

Ayer a mediodía, con los termómetros rozando los 40 grados, varias personas que acudieron a las oficinas que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) comparten en Tàrrega se sorprendieron al encontrárselas cerradas. Algunas de ellas tenían cita previa, pero al llegar comprobaron que no había atención presencial. Un cartel en la puerta se limitaba a informar del cierre por “problemas técnicos” y facilitaba un número de teléfono al que llamar para ser atendidos. Sin más explicaciones y visiblemente indignados, acabaron marchásndose sin saber qué había sucedido. La explicación llegó de la mano del sindicato UGT, que reveló que el cierre se debió a que el calor dentro del edificio se acercaba a los 30 grados como consecuencia de una avería del sistema de climatización.

Estado y la Generalitat comparten las mismas instalaciones, pero son propiedad de la administración autonómica, que es la responsable de su mantenimiento. Así lo confirmaron fuentes sindicales y de la administración estatal. Este diario intentó sin éxito recabar la versión del departamento de Empresa y Trabajo, del que depende el SOC. Entre el personal de este organismo y el SEPE, trabajan en las oficinas 20 personas.

UGT denunció que los problemas con la climatización “se arrastran desde principios del verano” y que la situación llevó a “acordar el cierre preventivo de la oficina tras constatar que la temperatura era cercana a los 30º y que la avería del aire acondicionado no podía resolverse de forma inmediata”, al faltar piezas para repararlo.

El sindicato apuntó que el cierre “tiene un impacto directo sobre la ciudadanía”, ya que “numerosos trámites requieren atención especial y no se pueden resolver de forma telemática”y los usuarios “son derivados a otras oficinas”. “Esto comporta desplazamientos de más de una hora para trámites esenciales relacionados con el empleo y prestaciones”, añadió. UGT calificó de “inaceptable” que “un servicio público esencial cese su actividad por condiciones ambientales que deberían haberse corregido hace semanas”.

La secretaria de Política Sindical de UGT, Pilar González, recordó que las administraciones tienen la obligación de asegurar tanto unas condiciones laborales seguras y saludables a su personal como una prestación adecuada y de calidad de los servicios públicos a la ciudadanía.