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ADMINISTRACIÓN

Temen que la marcha de secretarios paralice pequeños ayuntamientos

La Associació de Micropobles advierte que los habilitados nacionales suelen optar a plazas mejor pagadas. Al menos cinco se incorporan a consistorios leridanos

El despacho vacío de un secretario municipal. - ACN

El despacho vacío de un secretario municipal. - ACN

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Al menos cinco secretarios municipales con habilitación estatal se incorporan estos días a los ayuntamientos de Castellserà, Verdú, Torà, Alt Àneu y Ponts, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase los destinos asignados a 279 funcionarios en toda España. Los consistorios celebran su llegada por dos motivos. En primer lugar, porque supone cubrir con garantías una plaza esencial. Sus atribuciones van desde levantar el acta de los plenos hasta autorizar pagos a personal y proveedores. En segundo lugar, pero no menos importante, porque los recién llegados han manifestado su intención de quedarse. Sin embargo, la Associació de Micropobles de Catalunya advirtió que esto no siempre sucede, y que la movilidad de estos profesionales puede llegar a paralizar la actividad de los ayuntamientos en los municipios más pequeños.

La entidad explicó que la llegada de habilitados estatales supone en algunos ayuntamientos la marcha de interinos que concían ya el funcionamiento de la corporación, y que el cambio no conlleva ganar estabilidad, ya que los recién llegados tampoco se quedan: optan a menudo a plazas en municipios más grandes, que pueden ofrecer mayores retribuciones y mejores condiciones laborales. Esta situación supone la necesidad de iniciar nuevos procesos de contratación que pueden durar meses, un periodo en el que los consistorios no pueden funcionar con normalidad.

El presidente de la asociación y alcalde de Riner, Joan Solà, se reunió ayer con el director general de Administración Local de la Generalitat, Francesc Belver, para exponer este problema y pedir soluciones. Solà apuntó la posibilidad de crear una categoría específica para secretarios municipales rurales, que quedasen fuera de la pugna con las ciudades para contratarlos, y pidió apoyo económico al Govern para hacer frente a la retribución de este personal, exigido por la normativa catalana y española.

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