SEGRE

TRIBUNALES JUICIO

El clan familiar acusado de una ola de 31 robos tenía cerca de 400 joyas

Los 9 procesados niegan los hechos y aseguran que iban a los pueblos para buscar chatarra || Se enfrentan a peticiones de entre tres y 12 años y medio de cárcel

Los nueve acusados en un juicio que empezó el lunes y finalizó ayer en la Audiencia Provincial de Lleida.

Los nueve acusados en un juicio que empezó el lunes y finalizó ayer en la Audiencia Provincial de Lleida.

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“No es que tuvieran un modus operandi para robar sino que robar era su modus vivendi. Los acusados han generado mucha alarma social”, aseguró ayer la fiscal en su informe en la última sesión del macrojuicio en la Audiencia Provincial de Lleida contra un clan familiar acusado de una oleada de 31 robos en viviendas de Ponent, Tarragona, Castellón y otras zonas de España. La fiscal recordó que los investigadores llegaron a aprehenderles a ellos y al joyero que supuestamente se las compraba un total de 376 joyas de dudosa procedentcia. El Ministerio Público solicita penas que van de los tres años de cárcel hasta los doce años y medio para uno de ellos, concretamente para el acusado de intentar atropellar a un mosso tras huir de un control en la salida de Lleida. Ocho de los procesados -tres son hermanos- están acusados de un delito continuado de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. El noveno imputado, un joyero de Reus, se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por los delitos de receptación (la fiscal considera que vendía las joyas procedentes de los robos) y organización criminal.

Los nueve acusados declararon ayer ante el tribunal y todos ellos negaron ser los autores de los robos. Afirmaron que se dedicaban a recoger chatarra y que por esto pudieron ser vistos en las localidades donde se cometieron los robos. Sus abogados pidieron que fueran absueltos por falta de pruebas y pusieron en duda la investigación policial, de la que aseguraron que “solo se basa en indicios y sospechas y no en pruebas objetivas”. Cerca de 90 personas, la mayoría policías y víctimas, han declarado como testigos en un juicio que empezó el pasado lunes.

Cinco acusados están encarcelados preventivamente desde que fueron detenidos hace dos años, el máximo permitido por ley, lo que ha obligado a prorrogar la prisión. Los letrados pidieron su puesta en libertad.

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