El año que puso en jaque la esperanza

Los ayuntamientos surgidos de las elecciones del 26 de mayo de 2019 iniciaron su mandato con expectativas mucho mejores que las de años anteriores. Más de noventa de los 231 que componen la provincia no tenían deuda alguna, y los demás la habían reducido sensiblemente. Además, los gobiernos locales tenían a su disposición nuevas líneas de ayudas. Entre ellas destaca el Plan de Obras y Servicios (PUOS), desaparecido desde hacía más de una década con el estallido de la crisis económica. Un año después, el escenario ha cambiado y el optimismo se ha diluido. En buena medida se debe a los perjuicios de la crisis sanitaria. Sin embargo, no es lo único que ensombrece un año que ha puesto la esperanza en jaque.

Así, la constitución de los nuevos ayuntamientos y consells estuvo ya acompañada de conflictos políticos. Acuerdos de formaciones independentistas con el PSC en Tàrrega y Cervera fueron objeto de protestas soberanistas, como también lo fue un intento fallido de pacto entre Junts y Cs en Alpicat. A la bronca política pronto se sumaron mociones de censura.

El remanente acumulado de algunos municipios llega a triplicar el presupuesto municipal

La primera fue en el consell del Sobirà el pasado verano, seguida de otra este mes en Maldà. En breve las habrá también en Ponts y en Cervera. Tal concentración no se daba en Lleida desde 2004. En el mandato anterior solo hubo una, en Gimenells. Fue la primera desde la de 2012 en Ponts, donde el pleno volverá a votar la destitución del alcalde el día 29. Si la censura de Ponts y la de Cervera prosperan como la de Maldà, ERC ganará tres alcadías en detrimento de JxCat. Los republicanos pasarán de las 87 en Lleida a 89; mientras que Junts pasaría de 111 a 109.

Al margen de la política, el gran incendio del Ebro el pasado verano y las inundaciones y riadas provocadas por la Dana, en octubre; y el temporal Gloria, en enero, han supuesto graves perjuicios para los municipios afectados. El fuego afectó a municipios del sur del Segrià y Les Garrigues, y el cobro de ayudas sigue siendo objeto de polémica; mientras que la reparación de los daños millonarios provocados de los temporales sigue todavía en curso, especialmente en Les Garrigues. El Pirineo, por su parte, sigue sufriendo frecuentes desprendimientos que afectan a las carreteras.

Sin embargo, la reducción de ingresos y los gastos adicionales que supone ya la Covid-19 son ya la principal preocupación para la mayoría de ediles. Se perfila ya como detonante de una grave crisis económica, aunque esta vez los entes locales están en una situación distinta. Muchos disponen de fondos con los que afrontar la reducción de ingresos, evitar tensiones de tesorería y brindar ayuda a los vecinos más vulnerables. Sin embargo, la reforma de local del Estado que limita la inversión y el gasto municipal desde 2013 impide en principio usar así los fondos. Por este motivo, alcaldes y alcaldesas han empezado a exigir más autonomía a la hora de administrar sus recursos para afrontar esta nueva crisis.

La Diputación ha puesto en marcha un plan de apoyo para dotar de liquidez a ayuntamientos, consells y EMD, mientras que algunos alcaldes ven peligrar las inversiones del PUOS, todavía pendiente de asignar. Fuentes de la Generalitat, por su parte, rechazaron este extremo.