El mosso de Lleida acusado de narcotráfico de cocaína recibió escuchas al subir en un coche de un investigado por la desaparición de Pol Cugat

La División de Asuntos Internos que investigaba al agente acusado en la trama del rotor con cocaína, el mayor hallazgo de esta droga en Lleida, recibió unas escuchas que había llevado a cabo la Unidad Territorial de Investigación (UTI) de Ponent en la investigación por la desaparición de Pol Cugat de una plantación de marihuana en Les Borges Blanques en octubre de 2021. Según declararon ayer los agentes, el mosso subió al coche de un investigado en este caso donde habían instalado un micrófono y comentó que “no le importaba de dónde venía el dinero, como si venía en sacos”.

Los investigadores escucharon a otras personas vincular al agente con el rotor. En la sesión de ayer, un perito de la defensa aseguró que las facturas del agente “son ciertas y verídicas”. Durante el juicio ha trascendido que el mosso acusado está siendo investigado en otra causa por presunto blanqueo de capitales que todavía está en fase de instrucción. 

Esta operación permitió desarticular una de las principales organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de cocaína en España. En el recinto del rotor procedente de Panamá hallaron 620 kilos de cocaína con un valor de mercado de 22,3 millones.

Per la seua part, la defensa va demanar l’absolució i va dir que “no hi ha cap vinculació amb el tràfic de drogues”. En el seu torn de paraula, el principal sospitós en aquesta causa va tornar a desvincular l’agent de l’operació. De fet, aquest i tres acusats més, excepte el mosso, van acceptar penes que van dels 2 als 6 anys. Les defenses de dos d’ells van demanar-ne la llibertat provisional després d’haver estat entre tres i quatre anys en presó preventiva, i la fiscal no s’hi va oposar.

Facturas ‘falsas’ del mosso acusado de narcotráfico

La Audiencia de Lleida acogió ayer la segunda y última jornada del juicio contra la trama acusada de importar 620 kilos de cocaína escondidas en un rotor. Agentes de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra constataron que el agente procesado pagó 85.000 euros a la sociedad de uno de los principales acusados después de que adquiriera el rotor que contenía la cocaína en Panamá y que los justificó con “facturas fabricadas” por unos trabajos de reformas que, aseguraron, no se hicieron.

Asimismo, explicaron que iniciaron la investigación del mosso a mediados de 2022 al recibir información sobre un incremento de su patrimonio y que se le vinculaba con personas del tráfico de drogas. También declararon que ya había sido investigado en 2011 con posibles vínculos con el narcotráfico, “pero no cuajó”. Según los agentes de la DAI, el mosso no notificó a ningún superior que estaba siendo investigado en esta causa “a pesar de tener la obligación de hacerlo”.

Por su parte, el agente inculpado negó su relación con los hechos juzgados y declaró, solo a preguntas de su abogado, Dani Ibars, que ayudó al principal acusado a alquilar una nave en el polígono El Segre para “guardar vehículos y material”, pero que desconocía que quisieran introducir droga en España. Además, señaló que las facturas eran por reformas que le habían hecho. “Lo que hagan ellos con el dinero, yo no lo sé”, zanjó.

En sus conclusiones, la Fiscalía mantuvo su petición de una condena de 9 años de prisión para el mosso como cooperador necesario de un delito de tráfico de drogas, además de una multa de 66 millones. La fiscal señaló que “sabía lo que iban a traer y se asegura una participación que pueda justificar”. Por su parte, la defensa pidió la absolución y dijo que “no hay ninguna vinculación con el tráfico de drogas”.

En su turno de palabra, el principal sospechoso en esta causa volvió a desvincular al agente de la operación. De hecho, este y otros tres acusados, excepto el mosso, aceptaron penas que van de los 2 a los 6 años. Las defensas de dos de ellos pidieron su libertad provisional tras permanecer entre tres y cuatro años en prisión preventiva, y la fiscal no se opuso.