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Revés al catalán en la escuela

El TSJC ordena aplicar la sentencia que anula artículos que fijan esta lengua como vehicular y Educación recurre. Docentes de Lleida ven una “persecución”

Imagen de archivo de una protesta contra el recorte del catalán.

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El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenó ayer ejecutar provisionalmente los procedimientos declarativos de la sentencia que anulaba buena parte del decreto de régimen lingüístico educativo, que blindaba el catalán como lengua vehicular. La sentencia no es firme, pero el tribunal estima parcialmente la solicitud de ejecución provisional solicitada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe y declara nulos provisionalmente los preceptos del decreto que ya fueron derogados por la sentencia del 8 de septiembre de 2025. En total, son 11 los artículos anulados total o parcialmente que fijaban el catalán, y el aranés en Aran, como lenguas vehiculares y de aprendizaje y como lenguas habituales en la actividad docente y administrativa, así como de relación con las familias, en los materiales didácticos y en las evaluaciones.

La sentencia también anulaba que el catalán fuera la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o la lengua única de acogida de alumnos recién llegados. También la obligación de que el catalán sea lengua de los docentes en actividades lectivas o lectivas, formales o informales, y que el personal no docente y de extraescolares sea competente en catalán y cumpla el proyecto lingüístico del centro.

Educación afirma que ya ha interpuesto recurso de casación ante el Tribunal Supremo y remarca que la ejecución provisional de la sentencia “no altera la actividad ordinaria de los centros educativos”. Señala que los documentos para su organización y gestión “continúan plenamente vigentes, incluyendo los criterios de uso lingüístico”. “No hay ningún cambio operativo derivado de la decisión del TSJC”, subraya, y señala que “el sistema continúa fundamentándose en el marco normativo vigente, la ley 8/2022, decreto ley 6/2022 y ley de Educación de Catalunya, que da plena seguridad jurídica a los centros y a los proyectos lingüísticos”. “Nos reafirmamos en nuestro modelo basado en cohesión social, equidad y no segregación por lengua. El catalán y el aranés se mantienen como lenguas vehiculares y el sistema asegura una presencia adecuada del castellano como curricular”, resalta.

Desde la asociación de directores de centros educativos de Lleida rechazan “este nuevo ataque al catalán, cuando se ha demostrado que la competencia de los dos idiomas oficiales está perfectamente conseguida con los proyectos lingüísticos actuales”. “No entendemos esta persecución al uso del catalán, no está basada en ningún hecho objetivo”, incide.

La plataforma de profesores de catalán DocentsCAT pide al Parlament una ley para blindar el catalán. El sindicato USTEC-STEs exige al president, Salvador Illa; al conseller de Presidencia y ahora de Educación, Albert Dalmau; y al de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, “que se comprometan de manera clara con la defensa y el blindaje del catalán”, la Intersindical llama a la movilización y Somescola ve un “ataque ilegítimo” a la escuela en catalán.

Illa deja claro el “compromiso” del Govern con la lengua

El president, Salvador Illa, dejó ayer "claro el compromiso” en la defensa de la lengua y el modelo de escuela catalana. “El Govern está comprometido”, aseguró, y la viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, afirmó que “pondrá a disposición todos los recursos políticos y jurídicos que sean necesarios”. El portavoz de ERC, Isaac Albert, pidió valentía al Govern y que “garantice el catalán como lengua vehicular”. "Es lamentable que entidades indocumentadas, desconocidas y poco solventes estén influenciando un debate absolutamente técnico y pedagógico”, indicó. La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, solicitó la comparecencia de Illa; el conseller de Presidencia y conseller de Educación en funciones, Albert Dalmau, y el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, porque “en un momento de máxima emergencia hay silencios que no deberíamos permitir”. La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, lamentó la “nueva ofensiva judicial” y la coordinadora de los Comuns, Candela López, reclamó “estudiar y analizar” todas las vías para no hacer efectiva la sentencia.

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