JUSTICIA
Entra en vigor la nueva ley contra la multirreincidencia: hasta tres años de cárcel por robar un móvil
La norma entró el 10 de abril en vigor tras publicarse en el BOE. Se endurece el castigo por hurtos de productos agrícolas o ganaderos superiores a 400 euros y por estafa
Agents desplegats a la plaça del Dipòsit de Lleida en el marc de l'operatiu Kanpai contra la multireincidència.
La ley contra la multirreincidencia entró este 10 de abril en vigor tras su publicación en el BOE, una norma que penaliza con hasta tres años de cárcel los robos de teléfonos móviles y de productos agrícolas o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el valor de lo sustraído exceda de los 400 euros, y hasta 3 meses de cárcel cuando el valor sea inferior. Impulsada por Junts, la ley recibió a finales del mes de marzo un amplio apoyo del Congreso de los Diputados (272 votos a favor de PP, PSOE, Vox, PNV y UPN), tras pasar un periplo parlamentario que llevó a su bloqueo durante meses.
La norma modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para penalizar con hasta tres años de cárcel el robo de móviles, así como con penas de entre uno y seis años de cárcel a quienes cometan una estafa de cuantía menor a 400 euros y sean multirreincidentes, esto es, quienes acumulen al menos tres condenas por dicho delito.
1. El teléfono móvil: Protegido como "bien de alta sensibilidad"
La ley da un salto cualitativo, ya no se juzga solo el valor económico del terminal, sino el valor de la información que contiene. Los robos de móviles y dispositivos de almacenamiento digital (tablets, discos duros) pueden acarrear hasta 3 años de prisión. El legislador justifica este agravante por el acceso a datos bancarios, registros de actividad y la situación de "incomunicación" que genera en la víctima. Esta dureza penal no se aplicará a hurtos en tiendas o almacenes (donde el dispositivo está vacío), sino a aquellos que ya están en uso por ciudadanos.
2. Tolerancia cero a la multirreincidencia
El corazón de la reforma busca que los delincuentes habituales no eludan la prisión por cometer hurtos o estafas de baja cuantía (menos de 400€).
Así, si un culpable acumula tres condenas por delitos de la misma naturaleza (y al menos una de ellas es leve), se le aplicará la pena del tipo básico (prisión de 6 a 18 meses), rompiendo la impunidad de las simples multas.
Se aplica la misma lógica a las estafas menores, especialmente aquellas que afectan a colectivos vulnerables como las personas mayores.
3. Blindaje al sector primario y lucha contra el narco
La reforma atiende a dos problemas crecientes en el ámbito rural y en las costas:
- Agricultura y Ganadería: Se simplifica el castigo. Si lo sustraído (productos o herramientas de trabajo) supera los 400€, se activa automáticamente el tipo agravado, evitando debates judiciales sobre "la gravedad del perjuicio".
- El "Petaqueo": El suministro de combustible a narcolanchas en alta mar se tipifica específicamente con penas de 3 a 5 años de cárcel.
- Fraude Eléctrico: Engancharse a la red eléctrica para alimentar cultivos de marihuana se penaliza con hasta 18 meses de prisión, independientemente del dinero defraudado.
4. Nuevas facultades judiciales y locales
La ley no solo cambia las penas, sino también quién puede perseguir el delito y cómo. Por primera vez, las entidades locales están legitimadas para ejercer la acción penal en casos de hurto, permitiendo que los servicios jurídicos municipales actúen contra los reincidentes que afectan al comercio local.
Además, en investigaciones de delitos por internet, los jueces pueden ordenar el bloqueo inmediato de contenidos o servicios, incluso si los servidores están fuera de España.
Y se refuerza la potestad de imponer órdenes de alejamiento o prohibición de residencia en municipios enteros para evitar que el delincuente reincida en la misma zona.
Para evitar el colapso judicial que esta reforma podría provocar, el BOE establece un plazo de dos años para reforzar la planta judicial, con el objetivo de alcanzar un ratio de un juez por cada 100.000 habitantes en todo el territorio.
