Desahuciada una familia con cuatro menores de edad de un piso en la calle Ciutat de Fraga de Lleida

Una familia con cuatro menores de edad que vivía en un bloque de la calle Ciutat de Fraga fue ayer desahuciada del piso en el que llevaban residiendo desde 2020 y que es propiedad de un fondo de inversión que tendría en su haber “más de 4.000 viviendas”. Así lo aseguró la abogada de la familia, que denunció que el proceso de lanzamiento no había sido notificado correctamente, motivo por el cual presentaron alegaciones. 

Sin embargo, el juez también rechazó la nulidad del proceso por la vulneración de su derecho a la defensa. En este sentido, la letrada detalló que la notificación judicial fue emitida el pasado día 3 y se entregó “por debajo de la puerta de la vivienda en cuestión y comunicando el desalojo para una semana después”. 

Un hecho por el cual pidieron suspender el desahucio, pero el Tribunal de Instancia de Lleida lo rechazó “de forma indiscriminada y sin conceder ningún tipo de prórroga”.

La representante legal de la familia detalló que esta pagaba regularmente tanto los gastos de la comunidad de vecinos como la luz y el agua, y que durante el proceso solicitaron al juez que encargara a la Paeria determinar si la familia podía ser considerada vulnerable. “Cumplían los requisitos para ello, pero el juez rechazó solicitarlo, algo que es inaudito y no habíamos visto nunca”, aseguró la abogada, que añadió que la asistencia social de la Paeria también solicitó, sin éxito, parar el lanzamiento.

Por otro lado, la letrada aseguró que, durante el operativo de desahucio, los Mossos d’Esquadra, la comisión judicial y la procuradora de la propiedad avisaron a los afectados “que serían desalojados por la fuerza si no abandonaban voluntariamente la vivienda, con la amenaza de llevarse a los menores a un centro como consecuencia del desamparo en que el mismo sistema les estaba dejando”. 

A raíz de esta situación, la familia abandonó la vivienda “por miedo y sin alternativa habitacional”. Por todo ello, la letrada calificó de “injustificable que se haya ejecutado el lanzamiento sin haber resuelto antes las alegaciones sobre presuntas irregularidades en las notificaciones y sin garantizar una alternativa habitacional para los menores afectados”. “Es una situación que como abogados no habíamos visto nunca”, añadió.

La familia tuvo que abandonar su hogar ayer al mediodía, cuando tres patrullas de los Mossos se personaron para cumplir con la orden judicial de desahucio. Los afectados lamentaron tener que irse de su casa y estaban visiblemente emocionados, pero no ofrecieron resistencia a la policía. 

Explicaron que no tuvieron tiempo de recoger casi ninguna de sus pertenencias, y que se dirigirían a los servicios sociales para buscar una alternativa habitacional porque no tienen ninguna opción. Dos integrantes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) les asistieron y les aconsejaron solicitar entrar en la mesa de emergencias.